Chilpancingo, Gro., Corporaciones de seguridad pública federal y estatal desarmaron y desarticularon “como medida de atención social” a tres policías comunitarias: Coordinadora Regio-nal de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que operaba en Buenavista de la Salud; la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, del Ocotito, y al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, que vigilaba en el municipio de Juan R. Escudero, informó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Tras el operativo, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emi-liano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) denunciaron en un comunicado que “ha quedado claro para quién trabajan el gobierno del estado, el Ejército Mexicano y el Batallón 50; se evidencian los pactos que sostienen en la zona con el grupo delincuencial de Los Ardillos, a través de Bernardo Ortega (diputado local del PRD)”.

Comentaron que a las cinco de la mañana de este sábado, las corporaciones de seguridad “entraron a desmantelar y desarmar a la guardia comunitaria de Buenavista de la Salud, que recientemente se adhirió a nuestra organización, pues no conviene al interés económico de quien forma parte del narco-Estado en que vivimos”.

En un comunicado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz detalló que durante la acción fueron detenidas 14 personas, ocho en la localidad de Buena Vista de la Salud y seis en Tierra Colorada, entre ellas, dos mujeres y un hombre, quienes contaban con orden de aprehensión.

Indicó que se decomisaron 18 armas largas, una corta, dos granadas de fragmentación, una de 40 milímetros y una de humo, así como un artefacto explosivo. Además de cinco vehículos con reporte de robo que bloqueaban la vía federal, 60 dosis de cristal y 15 teléfonos celulares que fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para su proceso legal.

Sin embargo, la Cipog-EZ y la CRAC-PC-PF puntualizaron que “el Estado (mexicano) fabrica y siembra evidencia, negamos categóricamente la existencia de droga en la comunidad; en cuanto a las supuestas granadas encontradas, esta fueron bombas de fabricación casera decomisadas en la incursión realizada por Los Ardillos el sábado 22 de enero de 2022, y pasados cuatro días el grupo criminal atacó la base comunitaria dejando como saldo cuatro integrantes muertos y tres heridos, destacando el deceso del comandante, profesor Mario Zamora Maldonado, de la Ceteg”.

Denunciaron la detención y persecución del gobierno y el Ejército “contra José Antonio Maldonado Cisca, coordinador del sistema comunitario de la CRAC-PF y su familia, así como de los ocho guardias que prestaban servicio.

“Pedimos y exigimos la seguridad de los compañeros ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las diferentes organizaciones a estar pendiente por lo que está ocurriendo, porque el gobierno sólo protege y respeta los acuerdos que mantiene con Los Ardillos, de igual forma que el Ejército mexicano.”

“Protegen a criminales”

En el boletín agregaron: “el batallón 50 del Ejército Mexicano no actúa cuando se agrede a las comunidades, lo mismo pasa en su base de El Ocotito que en sus retenes, pues permiten que Los Ardillos nos ataquen con drones cargados de artefactos explosivos, mismos que hoy pretenden achacarnos en su sistema de justicia corrupto y al servicio de los que puedan pagarlo”.

En ese corredor de Valle de El Ocotito-Buenavista de la Salud, Los Ardillos perpetran desapariciones, masacran, asesinan y las autoridades les permiten seguir en operación en su bastión actual,El Ocotito, y en Petaquillas, Colotlipa, Chilapa de Álvarez, Zitlala y Tixtla, donde extorsionan a empresarios mezcaleros. En Quechultenango, los militares no quisieron detener a los hermanos Ortega y caminaron hombro con hombro” con ese grupo delincuencial, acusaron.

El Cipog-EZ insiste que el pacto es evidente: “entre la dirigencia del Batallón 50 del Ejército mexicano y Los Ardillos para bloquear el camino contra quienes tratamos de defender nuestras comunidades”.

Por su parte, la Mesa de Coordinación señaló que el operativo se efectuó como medida de atención social y en éste participaron elementos de la Policía Estatal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado en las localidades de Buena Vista de la Salud y Tierra Colorada. “Anteponiendo el diálogo, se restableció el tránsito en la carretera federal México-Acapulco en el corredor Buena Vista de la Salud-Ocotito-Tierra Colorada”, aseguró.

Tras tomar el control y liberar estos puntos de dicha vialidad, agregó: “las fuerzas del orden mantienen un operativo de vigilancia a fin de garantizar el libre tránsito de esta vía de comunicación y la tranquilidad de la población de estas localidades pertenecientes a los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero”.