El derecho a la seguridad social “sigue presentándose como un reto estructural importante” en el país. Entre 2018 y 2020 el acceso a este sistema, además de presentar un desafío creciente, la mayor parte de la población sigue experimentándolo como carencia social, alcanzando a más de la mitad de las personas.

Por ejemplo más de 50 por ciento de los ocupados “de 65 años o más en pobreza nunca han cotizado en alguna institución” de este tipo, establece el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Subraya que “para este mismo año, sólo un tercio de la población de 65 años o más recibía una pensión contributiva”, es decir la que se obtiene de la cotización, “evidenciando la baja cobertura del sistema”.

El estudio que emite el Coneval cada dos años deja ver que “un reto para la atención de los riesgos por curso de vida es que los relativos a salud, trabajo, seguridad social e incluso educación siguen anclados a las condiciones de derechohabiencia o de empleo formal”.

Sistema fragmentado

Otro desafío estructural es “la fragmentación del sistema de salud, que conlleva la atención diferenciada a la población entre los distintos subsistemas”. De acuerdo con las últimas modificaciones normativas, la parte sin seguridad social será atendida a través del programa IMSS-Bienestar, que funcionará como organismo descentralizado del lnstituto Mexicano del Seguro Social, el cual absorbe los objetivos planteados inicialmente para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Aunque es relevante “avanzar hacia la cobertura universal en salud, este programa enfrentará importantes retos, ya que, por ejemplo, el catálogo de atención que proporciona incluye únicamente servicios de primero y segundo niveles, lo que sigue siendo un desafío frente a la necesidad de equilibrar los servicios y beneficios” en este rubro para derechohabientes y quienes no tienen ninguna afiliación.

Indica que actualmente “los programas y acciones de desarrollo social buscan contribuir en la reducción de la pobreza a través de la redistribución de los ingresos” y gran parte de los esquemas y acciones vinculados a los riesgos atienden a la población en condiciones transversales de vulnerabilidad.

Lo anterior “se considera un acierto y avance en la construcción de una política de protección a lo largo del curso de vida; sin embargo, no se cuenta con información o evidencia que permita observar si los programas efectivamente están cubriendo estos grupos”.

Otra carencia que se incrementó durante el periodo medido, agrega, fue el acceso a los servicios de salud. Ocurrió en el contexto de la contingencia sanitaria y fue más marcado en la población de menores ingresos y residentes del ámbito rural. “Sin embargo, este aumento se enmarca en el proceso de transición administrativa y operativa de la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular”.