Miguel Ángel Navarro, gobernador morenista de Nayarit, envió en este mes a Juan Echeagaray, su secretario de Gobierno, a comunicar que el Poder Legislativo local contaba con una iniciativa para reformar las pensiones y que, de la misma manera que cuando –entonces como fiel soldado del PRI– impuso la fracasada reforma calderonista del Issste, se presentaba ahora –sin consultar absolutamente con nadie– desde su onmipresente Poder Ejecutivo.
Inmediatamente, Navarro como gobernador que “instruye” a todos los poderes nayaritas, aderezó una reunión cerrada entre su funcionariado y 20 legisladores locales –de la que excluyó a cualquier sindicalista– sin atreverse a mostrar la iniciativa que mandó a Juan Echeagaray. Una película conocida: la de la vieja cultura del PRI. En Nayarit, ciertamente, Navarro no puede presumir que “no somos iguales”. Él sigue, sin duda alguna, imponiendo e “instruyendo” a los otros poderes sin, además, mostrar lo que busca imponer.
Frente al tibio ajuste que aplicó AMLO a la pensiones del Apartado A y los trabajadores amparados por el IMSS en diciembre 2020 –que sólo patea el bote a 2030– y ante la indefinición para abordar la presionada situación del Apartado B para los trabajadores amparados por el Issste, así como los severos impactos de la UMA, gobernadores como Navarro –en plena 4T– se han dado rienda suelta para imponer a nivel estatal lo mismo que impuso la tecnocracia neoliberal, sirviéndose de ciertos actuarios: supuestas nuevas leyes para la “jubilación digna” que, en rigor, son todo lo contrario.
“Instruyendo” a todos, el gobernador Navarro pasó por sobre la primera recomendación maestra de la Organización Internacional del Trabajo para evaluar la pertinencia, naturaleza y calidad de cualquier reforma pensionaria: el diálogo social. Como en los tiempos del PRI, su iniciativa ignoró olímpicamente a todos. No buscó consenso alguno, ni acuerdos de ningún tipo. En su formulación no participaron los principales involucrados: trabajadores, gremios sindicales, ni estatales ni municipales.
Su proceder, evitando informar a todo el pueblo nayarita sobre el estado actual de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (decreto 830 del 30/7/97 con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28/12/21) y que él pretende “reformar”, se resume en simple “borrón y cuenta nueva”. Es decir, Navarro no sólo no consultó a nadie y sepultó el indispensable diálogo social, sino que tampoco aplicó ninguna auditoría histórica. No se preocupó por establecer “dónde estamos” y, por tanto, “a dónde vamos”. Se rehusó también a generar el indispensable Libro Blanco para trazar el estado del asunto público.
Su “borrón y cuenta nueva” le niega a la sociedad nayarita una indispensable explicación sobre cómo ese fondo de retiro –que él pretende “reformar”- paga pensiones bajísimas y, al mismo tiempo, pensiones altísimas, algunas de ellas aprobadas bajo su administración. Siendo incapaz de construir transparentemente una alternativa para el beneficio de todos, con el internacionalmente recomendado diálogo social” su “borrón y cuenta nueva” lo hace obligadamente cómplice de un oscuro pasado que otorgaba pensiones injustificables y que él se negó a ventilar.
El 30 de mayo pasado, respecto a la aprobada y también archicuestionada nueva Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit (mejor conocida como Ley Navarro), que –en el mejor espíritu neoliberal– por primera vez en la larga historia nayarita condiciona el pago de prestaciones a la “disponibilidad” de recursos presupuestales, el gobernador declaró que “ningún” trabajador o trabajadora en activo se verá afectada en sus derechos. Es momento de que hablemos “claro” y que comencemos “realmente” a construir Nayarit. No se puede hacer “retroactiva” ninguna ley de acuerdo “al artículo 14 constitucional: no se puede. Para mí: sí son necesarios los gremios sindicales y tienen su absoluto respeto y respaldo”.
Si a Navarro le agrada hablar “claro”, también la voz de los afectados está ya hablando diáfanamente y con toda precisión frente a su inconsulta iniciativa. Sólo falta ver si, ahora, su comportamiento frente al debate pensionario en curso seguirá ajustándose a sus “claras” palabras o si regresa, penosamente, al proceder que lo condujo a imponer la fracasada reforma Calderón-Beltrones al Issste en 2007.
Y es que como gobernador, Navarro solicitó que su secretario de Gobierno Echeagaray anticipara que, con esa inconsulta y aún oculta iniciativa pensionaria, se “evitará el saqueo contra el dinero para el retiro de los trabajadores”, justo lo que él mismo negó deliberadamente documentar y explicar a todos quienes lo votaron al imponerla.
* UAM-Xochimilco
