Ciudad de México. México es centro de origen y diversificación constante del maíz. El grano es el cereal base de la alimentación de la población mexicana, por ser fuente principal de energía en las dietas regionales, siendo así los maíces nativos un bien común. Además, también tienen un valor histórico, cultural, social, espiritual, económico, lo cual hace a esta semilla objetivo de intentos de privatización por parte de empresas agroindustriales trasnacionales a partir de su modificación genética.

El maíz genéticamente modificado (GM) es diametralmente distinto de los maíces nativos, pues está hecho sobre todo para forraje y para la industria de alimentos ultraprocesados, por lo cual no comparte las bondades que los granos nativos conservan. Sin embargo, sobresalen las afectaciones en diversos ámbitos que conlleva su producción: en la salud de las personas, en el medio ambiente, en la biodiversidad. El maíz GM es parte de un paquete tecnológico que incluye agroquímicos tóxicos como el glifosato, herbicida que es probable cancerígeno, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).

Ante ello, han sido las comunidades campesinas, los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos, quienes durante más de 20 años han visibilizado los daños ocasionados por la liberación al ambiente del maíz GM y desarrollado propuestas de acciones contundentes para respetar los derechos de campesinas y campesinos, y los derechos humanos vinculados de la sociedad en general. Por ejemplo, en 2019 y 2020, un grupo plural y diverso de personas entregaron al representante del Ejecutivo federal una petición de decreto presidencial que estableciera condiciones suficientes para preservar la integridad de México como centro de origen del maíz, y la riqueza cultural e histórica en torno, a partir de legislaciones y políticas públicas.

No hubo respuesta inmediatamente por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2020, el Estado mexicano publicó un decreto presidencial para sustituir gradualmente el uso de glifosato, para cambiarlo por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, además de revocar y abstenerse de dar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz GM. La fecha límite en la que se cumpliría este decreto: el 31 de enero de 2024. A partir de su publicación, empresas agroindustriales nacionales y trasnacionales han presionado al gobierno mexicano para revertir los efectos del decreto a partir de amparos y la desestimación de la evidencia científica existente en relación con los daños a la salud ocasionados por el maíz GM y el glifosato.

Presiones a las que se han sumado representantes del gobierno de Estados Unidos. Los intereses que se trastocan a partir de las restricciones de importación de maíz GM a México son meramente económicos y están vinculados con los tratados de libre comercio, en particular con el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

El lunes pasado se publicó un decreto presidencial que deroga el publicado en diciembre de 2020, y donde se busca resolver ambigüedades en torno al maíz GM. Este nuevo decreto continúa con la prohibición del uso del maíz genéticamente modificado en alimentos, como las tortillas, pero permite su utilización para el forraje y alimentos ultraprocesados. En un análisis comparativo (https://bit.ly/3k0sA7A) de ambos decretos, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha presentado diversos temas que es necesario revisar con detenimiento. Entre ellos, resalta la importancia del principio de precaución para prevenir los posibles daños derivados de la liberación del maíz GM; pone atención en cómo los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los Estados, y lo indispensable de garantizar la autosuficiencia a partir de políticas públicas.

Preocupa, principalmente, que la importación de maíz genéticamente modificado para uso en la industria y el forraje, en algún momento de la cadena de producción llegue a la alimentación humana, por lo cual la diferenciación propuesta en este nuevo decreto no es suficiente para evitar que exista una liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado.

Los tratados de libre comercio como el T-MEC no deberían estar por encima de los acuerdos internacionales de derechos humanos. Por tanto, el bienestar común es prioridad en México, buscándose así garantizar los derechos humanos de la población, entre ellos el de una alimentación adecuada, el de la salud y el de un medio ambiente sano. Trayendo al presente a don Miguel Concha Malo, decía: “necesitamos un paradigma agrícola liberador y ecológico, como el que practican pueblos y comunidades indígenas y campesinas; de seguir con el modelo industrial vigente, atentamos contra la reproducción de la vida misma y restamos nuestras capacidades para enfrentar la crisis civilizatoria actual en sus diversas facetas” ( La Jornada, 13/6/20).