A nueve años de la masacre de Güémez, Tamaulipas, en la que 16 migrantes fueron asesinados, 13 de ellos guatemaltecos y tres hondureños, “la impunidad y la falta de reparación a las víctimas ha sido la constante”, sostuvo la organización Fundación para la Justicia.
Destacó que con el asesinato de estas personas se afectó también la vida de más de 50 víctimas indirectas, entre ellas 10 niñas y niños que quedaron huérfanos.
Recordó que en febrero de 2015, en el ejido Plan de Ayala, municipio de Güémez, fueron encontrados en una fosa clandestina los cuerpos de los 16 migrantes, quienes por un año estuvieron desaparecidos. A la fecha, enfatizó, no hay detenidos por este caso.
En un video difundido por la organización, en el marco de la campaña #LasPiezasDelDolor, hijos y hermanos de los migrantes asesinados expresaron su sentir por la pérdida de sus familiares.
“Mi papá fue asesinado por ir a Estados Unidos para darnos una vida mejor”, manifestó Daniel Peña, hijo de Gustavo Nájera; mientras Jorge Mateo, hermano de Melvin Mateo, mencionó: “Él iba luchando por su vida y nunca le dieron esa oportunidad, mejor lo mataron”.
Anyerli Gómez, hija de Pedro Gómez, compartió su sentir por no conocer a su padre: “De verdad me siento triste porque no lo pude conocer y si él estuviera aquí todo sería diferente”; en tanto que Édgar Arias, hijo de Édgar López, externó: “Lo que quiero es justicia y apoyo”.
En otro video, Carolina Nájera, esposa de Juan Salguero y representante de las familias de Guatemala, exigió al gobierno de México “investigación y justicia”, particularmente demandó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que los apoye “con la ayuda alimentaria y las becas escolares”.
Por su parte, la Fundación para la Justicia señaló que hechos como los de Güémez, así como los de San Fernando (2010) y Camargo (2021), Tamaulipas, y Cadereyta (2012), Nuevo León, “son las piezas del dolor en un mapa que traza la ruta de la impunidad en las masacres contra migrantes: 352 víctimas”.
Las autoridades, agregó, insisten en estudiar cada una “como hechos aislados, sin investigar con un enfoque de macrocriminalidad, a pesar de que responden a una sistematización por parte de las redes del crimen organizado que incluye a funcionarios corruptos”.
