Washington. Las autoridades sanitarias estadunidenses y los residentes de la ciudad de East Palestine, en el estado de Ohio, atraviesan un periodo de seria incertidumbre a la espera de dilucidar los efectos a largo plazo del descarrilamiento, el pasado día 3, de un tren que transportaba sustancias químicas peligrosas, que obligó a la evacuación temporal de la localidad, cuyos ciudadanos exigen una investigación completa de lo ocurrido antes de reanudar su vida normal.

Parte de esta pesquisa atañe a lo sucedido al propio tren operado por Norfolk Southern. Empleados de la compañía, bajo anonimato, revelaron esta semana a la cadena CBS que el vehículo había experimentado fallos mecánicos dos días antes del descarrilamiento y que transportaba una carga “a todas luces exagerada”: 151 vagones, entre ellos una veintena con carga de manejo de alto riesgo, para conformar un peso total de unas 18 mil toneladas.

Hasta el momento, la Junta Nacional para la Seguridad del Transporte de Estados Unidos constató “indicios preliminares de problemas mecánicos en uno de los ejes”, pero se está a la espera de recabar más información pericial que sea concluyente de las causas del siniestro.

Un total de 38 de estos carros cisterna acabaron saliéndose de la vía, de los cuales al menos 11 contenían acrilato de butilo y, sobre todo, gas de cloruro de vinilo, empleado para la fabricación de plásticos y potencialmente cancerígeno. El incendio desatado por el descarrilamiento –acompañado de una explosión que lanzó una bola de fuego a casi un kilómetro de altura– obligó a la evacuación inmediata de buena parte de los 4 mil 700 residentes de East Palestine tanto por la liberación del gas en los vagones descarrilados como en las otras nueve cisternas con químicos que seguían en la vía.

El lunes 6 de febrero, Norfolk Southern efectuó una “expulsión controlada” del gas y del resto de los productos químicos que contenían los otros nueve vagones; un procedimiento que, según el gobernador del estado de Pensilvania, Josh Shapiro, fue llevado a cabo “tal y como estaba planeado” y sin mayor trascendencia para la población.

Sin embargo, expertos como el ex jefe de Bomberos de Ohio, Silverio Caggiano, alertaron de que la liberación del químico ha abierto una posible crisis medioambiental y sanitaria cuyos efectos podrían permanecer latentes entre 15 y 20 años, según informó la WFMJ, filial local de la cadena NBC.

De momento, el Departamento de Recursos Naturales del Estado confirmó que unos 10 kilómetros del río próximo a la ciudad quedaron contaminadas por el incidente, no obstante que aseguró al portal Yahoo! News que el suministro de agua potable de la ciudad permanece intacto.

Los residentes siguen exigiendo garantías de seguridad. Más de 400 han solicitado a la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) un estudio pormenorizado de la calidad del aire.

La EPA no ha detectado problemas en las 200 viviendas examinadas hasta el momento, pero la contaminación en el río, donde las autoridades han hallado más de 3 mil 500 peces muertos por envenenamiento ha llevado a los ciudadanos a exigir información adicional sobre el impacto regional del derrame y liberación de químicos, algunos de ellos cancerígenos.

Asimismo, también esperan la declaratoria de “catástrofe ambiental”, que no ha llegado de parte de las autoridades federales. La compañía ferroviaria está pagando parte de los daños y, en realidad, el descarrilamiento no ha provocado daños materiales de consideración en domicilios o negocios. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, no ve motivos para solicitar al gobierno que declare la emergencia. “Ahora mismo no veo problemas al respecto”, explicó el miércoles al portal The Hill.

Los residentes han expresado su frustración a golpe de demandas en las que Norfolk Southern es acusada directamente de incompetencia y se le exige que costee exámenes médicos regulares a la población durante los próximos años. También se sienten desairados por la ausencia de representantes de la compañía durante un acto informativo en un foro local. Norfolk se abstuvo de acudir dado “el posible riesgo físico” que el evento podría comportar para sus empleados, en alusión a posibles agresiones.

Indagatoria al más alto nivel

El ex director regional de la Junta Nacional de Investigación de Seguridad Química, Donald Holmstron, cree que lo ocurrido en East Palestine es la clase de incidente cuya gravedad ha quedado minimizada ante la ausencia de un impacto inmediato.

“Desconocemos muchas cosas”, explicó al diario The New York Times. Tal es el peligro que ha llegado a plantear la formación de una comisión presidencial para indagar la cuestión sin escatimar en gastos ni tiempo, en un procedimiento que es activado en casos de catástrofes, como el de la plataforma petrolera Deepwater Horizon en 2010, que se hundió como resultado de una explosión que había tenido lugar dos días antes, provocando el más importante vertido de petróleo de la historia, estimado en 779 mil toneladas de crudo.

Desde el Congreso, se pide, como mínimo, la creación de una comisión legislativa con la participación directa del secretario de Transporte del país, Pete Buttigieg, en una solicitud que, de forma prácticamente insólita, han coincidido elementos absolutamente antagónicos de la cámara como son la representante progresista Ilhan Omar y el senador conservador Ted Cruz.

“Este suceso va a tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de los residentes a lo largo de las próximas décadas”, advirtió Omar esta semana en Twitter antes de pedir a Buttigieg que tomara inmediatamente cartas en el asunto; una solicitud con la que Cruz se mostró “completamente de acuerdo”. La Casa Blanca ha dado su “completo apoyo” a la labor del secretario entre el aluvión de críticas que ha recibido.