Chilpancingo, Gro. Corporaciones de seguridad pública federal y estatal esta madrugada desarmaron y desarticularon a las policías comunitarias: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que operaba en los poblados de Buenavista de la Salud; la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) del Ocotito y Chilpancigo, y al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que vigilaba en el municipio de Juan R. Escudero, informó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Tras el operativo, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), denunciaron que “ha quedado claro para quién trabaja el gobierno de Guerrero, el Ejército Mexicano y el Batallón 50; se evidencia los pactos que sostienen en la zona de Guerrero con el grupo de delincuencial de Los Ardillos, a través de Bernardo Ortega (diputado local del PRD), precisaron en un comunicado.

Comentaron que a las cinco de la mañana de este sábado, las corporaciones de seguridad “entran a desmantelar y desarmar a la guardia comunitaria de Buenavista de la Salud que recientemente se adhirió a nuestra organización, pues no convienen en sus interés económicos a quien forma parte del narcoestado en que vivimos”.

En un comunicado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz detalló que durante la acción fueron detenidas 14 personas, ocho en la localidad de Buena Vista de la Salud y seis en Tierra Colorada, entre ellas, dos mujeres y un hombre, quienes contaban con orden de aprehensión.

Indicó que se decomisaron 18 armas largas, una corta, dos granadas de fragmentación, una de 40 mm y una de humo; así como un artefacto explosivo. Además de cinco vehículos con reporte de robo, que bloqueaban la vía federal, 60 dosis de cristal y 15 teléfonos celulares que fueron puestos a disposición ante las instancias correspondientes para su proceso legal.

Sin embargo, la CIPOGEZ y la CRAC-PC-PF, puntualizaron que “el Estado (mexicano) fabrica y siembra evidencia, negamos categóricamente la existencia de droga en la comunidad; en cuanto a las supuestas granadas encontradas, esta fueron bombas de fabricación casera decomisadas en la incursión realizada por Los Ardillos, el sábado 22 de enero de 2022, y pasados cuatro días el grupo criminal atacan la base comunitaria dejando como saldo cuatro integrantes muertos y tres heridos donde destaca la muerte del comandante, profesor Mario Zamora Maldonado, de la CETEG”.

Denunciaron la detención y persecución del gobierno y el ejército contra "José Antonio Maldonado Cisca, coordinador del sistema comunitario de la CRAC-PF de la comunidad y su familia, así como de los ocho guardias comunitarios que prestaban servicio”.

“Pedimos y exigimos la seguridad de los compañeros ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las diferentes organizaciones a estar pendiente por lo que está ocurriendo, porque el gobierno, sólo protege y respeta los acuerdos que mantiene con Los Ardillos, de igual forma que el Ejército mexicano”.

En el boletín agregaron: “el batallón 50 del Ejército Mexicano no actúa cuando se agrede a las comunidades, lo mismo pasa en su base de El Ocotito, como en sus retenes, pues permiten que Los Ardillos, nos ataquen con drones cargados de artefactos explosivos, mismo que hoy pretenden achacarnos en su sistema de justicia corrupto y al servicio de los que puedan pagarlo”.

Acusan que han desparecido, masacrado, asesinado en ese corredor de Valle de El Ocotito-Buenavista de la Salud, y permiten que siga en operación el bastión actual que tienen Los Ardillos en El Ocotito, Petaquillas, Colotlipa, Chilapa de Álvarez, Zitlala y Tixtla, donde extorsionan a empresarios mezcaleros. Mientras que en Quechultenango, los militares no quisieron detener a los hermanos Ortega y caminaron hombro con hombro con Los Ardillos”.

El CIPOG-EZ insiste que el pacto es evidente: “entre la dirigencia del Batallón 50 del Ejército mexicano y Los Ardillos para bloquear el camino contra quienes tratamos de defender nuestras comunidades”.

Por su parte, la Mesa de Coordinación señaló que el operativo se efectuó como medida de atención social y participaron elementos de la Policía Estatal en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, en las localidades de Buena Vista de la Salud y Tierra Colorada, anteponiendo el diálogo se restableció el tránsito en la carretera federal México-Acapulco, sobre el corredor Buena Vista de la Salud-Ocotito-Tierra Colorada”.