Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación presentó el Protocolo para la Implementación de Medidas Cautelares y Provisionales emitidas por los Organismos Internacionales dedicados a la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, que busca garantizar la no repetición de casos como el de Antonio Jacinto López Martínez, ex alcalde de San Martín Itunyoso, Oaxaca, quien fue asesinado el 17 de octubre de 2011, a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado, la dependencia informó que la elaboración de este protocolo, con la que se honra la memoria de Antonio Jacinto, se realizó en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Estado mexicano en 2015, donde reconoció las violaciones a los derechos humanos de la víctima, y contó con la participación de actores de la sociedad civil con experiencia en el acompañamiento a casos en el país.

En el Museo de Memoria y Tolerancia, la CIDH reconoció que la creación de este protocolo “le permite verificar positivamente los avances que brinda su cooperación con las partes para fortalecer el modelo de prevención y protección de los derechos humanos de las personas usuarias del Sistema Interamericano”.

Asimismo, “celebró cómo este proceso refleja la importancia del mecanismo de soluciones amistosas que evita los daños de largos litigios internacionales, alcanzando resultados estructurales”.

Según lo informado por la secretaría, la publicación de este protocolo “representa un avance en los procesos de implementación de las medidas cautelares y refleja el compromiso del Estado mexicano con la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a partir de los criterios reconocidos por el artículo 25 del Reglamento de la CIDH”.

El foro de presentación, al que no se convocó a la prensa, se difundió un videomensaje del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, al igual que de la titular de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Estuvo presente el representante legal del caso de Antonio Jacinto ante la Comisión Interamericana, Maurilio Santiago Reyes, y la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Ruth Fierro Pineda, así como el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, Enrique Irazoque, y el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado.