Una de las razones principales de las mujeres para migrar es la violencia ejercida en su contra, asegura el estudio Migración centroamericana: factores de expulsión y factores de atracción de la población guatemalteca, salvadoreña y hondureña desde la perspectiva de género.

El análisis, elaborado por el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de ONU Mujeres y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), añade que debido a su “condición de vulnerabilidad, estas mujeres suelen ser susceptibles de sufrir distintas formas de violencia durante sus trayectos” migratorios.

El trabajo de campo cualitativo se realizó en siete ciudades mexicanas, cinco situadas en las cercanías de la frontera norte y dos en el sur del país: Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Monterrey (Nuevo León), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas), Tapachula (Chiapas) y Tenosique (Tabasco).

Subraya que las agresiones sexuales en el lugar de origen se entrelazan con las experimentadas durante el trayecto migratorio “para crear un continuum de violencia en razón de género, lo que acentúa sus condiciones de vulnerabilidad a lo largo del viaje”.

ONU ha clasificado Centroamérica como una de las zonas más violentas, por lo cual se considera que estos desplazamientos son forzados.

Un estudio hecho en Guatemala por Catholic Relief Services muestra que, a diferencia de lo que sucedía con patrones tradicionales de migración, en los que las personas se desplazaban internamente en el país y después hacia el extranjero, una proporción creciente de mujeres y personas menores de 30 años (incluyendo niños y adolescentes no acompañados) tienden a salir huyendo de la violencia e inician sus viajes desde sus lugares de origen directamente al extranjero.

Las mujeres que han sido violentadas en sus poblaciones de origen, tanto en el contexto familiar como por parte del crimen, enfrentan de manera paralela “distintas condiciones de desigualdad, como la exclusión y pobreza.

“En materia migratoria, esto tiene como resultado que las mujeres viajen en situación irregular, lo que acentúa las posibilidades de enfrentar diversos peligros, como el ejercicio de violencia por parte de actores estatales, criminales, locales o, incluso, compañeros de viaje.”

Por ello el estudio refiere que es importante la procuración de justicia y la generación de condiciones para que este grupo poblacional tenga acceso a una vida libre de violencia y recomienda “difundir información sobre esta problemática y utilizar los recursos del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil para hacerle frente”. Asimismo, garantizar que las migrantes tengan acompañamiento legal de instancias públicas y sociales en los espacios de tránsito y estancia temporal.

Además, “una forma para ayudar a cambiar las condiciones que favorecen o potencian la violencia en contra de niños y adolescentes es garantizando el acceso de esta población a espacios seguros y trazando rutas claras de denuncia y acompañamiento institucional en casos de victimización”.