El 8 de mayo de 2008 el jefe policial Édgar Eusebio Millán Gómez, quien se desempeñaba como jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), fue lesionado con nueve balazos en el domicilio de sus padres, en la colonia Guerrero de la ciudad capital, y murió poco después a bordo de una ambulancia. Era uno de los superpolicías del grupo de Genaro García Luna, a quien acompañaba desde los tiempos de la Agencia Federal de Investigación, fundada en 2001 por Vicente Fox y puesta en manos del ahora procesado en Nueva York. El asesino material fue detenido en el lugar del crimen por los escoltas de Millán y posteriormente cayeron presos otros cinco involucrados; uno de ellos, agente de la PF en activo (https://is.gd/lWwFLN). De acuerdo con la investigación posterior, los datos del trayecto, la hora estimada de llegada y la localización de la casa habían sido comunicados por Millán “a los principales mandos de la Secretaría de Seguridad Pública” y “sólo eran conocidos por un grupo pequeño de funcionarios” (https://is.gd/vbcTI7). Al día siguiente, Felipe Calderón, los secretarios de Defensa y de Marina, el entonces titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el propio García Luna formaron una guardia de honor alrededor del ataúd del policía muerto.
Se mencionó que horas antes de su asesinato, Millán había encabezado la captura de nueve presuntos sicarios del cártel de los Beltrán Leyva (que ya por entonces estaba de pleito contra El Chapo Guzmán) en Xoxocotla, Morelos (https://is.gd/HZFoup), pero después se supo que el policía que participó en la organización del crimen de la colonia Guerrero trabajaba para el cártel del Pacífico, al cual García Luna brindaba protección a cambio de millones de dólares, de acuerdo con los testimonios del juicio de Nueva York.
La fiscalía actuante en ese proceso, al presentar sus conclusiones, trazó el organigrama de lo que sería el cártel García Luna, en el que aparecen los principales jefes de la PF, incluido, por cierto, el propio Millán, de quien se habían expresado sospechas desde tiempo atrás (https://is.gd/NaC2L7) y quien pertenecía a un grupo policial de élite entrenado por la DEA y la FBI estadunidenses en el marco del programa de Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés, https://is.gd/zBTol0). Washington observaba con especial interés la trayectoria de sus discípulos. Por ejemplo, el entonces embajador estadunidense, Tony Garza, difundió un extenso y emotivo comunicado sobre el homicidio de Millán, un gesto inusual al que no solían hacerse merecedores otros policías ultimados (https://is.gd/O0WEjS). Lo cierto es que 12 integrantes de las SIU murieron asesinados en el sexenio de Calderón, y es lógico suponer que las agencias de Washington realizaron sus propias pesquisas al respecto.
Pero el juicio de Nueva York no se diseñó para esclarecer si García Luna ordenó el asesinato de algunos de sus subordinados, ni para encontrar los hilos discretos que vinculaban al poder calderonista con las actividades delictivas del ex secretario de Seguridad, y mucho menos para arrojar luz sobre el involucramiento de segmentos enteros de Washington con las organizaciones criminales mexicanas. Tal vez por eso se prohibió expresamente que durante el juicio fueran mencionados los abundantes homenajes que los altos funcionarios del país vecino rendían al ahora acusado o la facilidad con que éste se hizo de una red de propiedades en Florida. En las sesiones tampoco ha salido a relucir el abyecto e incondicional servilismo de García Luna hacia Washington, actitud que lo llevó a ofrecerle a Michael Chertoff, entonces encargado de la Seguridad Interior en el país vecino, “libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública” (https://is.gd/aj5iEA). Ha sido, pues, un juicio estrictamente acotado y, en varios sentidos, amordazado.
No deja de causar una sonrisa que Anne Milgram, encargada de la DEA, haya dicho en pleno proceso a García Luna que “México tiene que hacer más” ante el trasiego de drogas y que criticara al país por no compartir con Washington más información, no extraditar a presuntos o convictos narcotraficantes en las cantidades que ella desearía y destruir suficientes laboratorios de producción de fentanilo. Da la impresión de que en el fondo, en la DEA y demás dependencias estadunidenses relacionadas con el “combate a las drogas” hay cierta nostalgia por las épocas doradas en las que García Luna colaboraba plenamente con ellas y el calderonato permitía que la propia DEA le lavara dinero a El Chapo (https://is.gd/VsLPC6) o que otras oficinas gubernamentales del país vecino enviaran al cártel del Pacífico toneladas de fusiles de asalto (https://is.gd/fjO8wq).
Pero no. No sabemos cuándo ni por qué García Luna cayó de la gracia de Estados Unidos; lo único claro es que Washington tiene la intención de joderle la vida para siempre y que su juicio fue estrictamente acotado al cumplimiento de ese propósito.
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