Una pregunta sugestiva de valor político: ¿funciona el municipio con la eficiencia que se supone tiene? La respuesta no sería única si existen 2 mil 446 de ellos, pero sí hay una respuesta negativa prevaleciente: están atados por la SHCP, legislatura local, gobernador y su propio cabildo.

Una reforma política de Venustiano Carranza fue la Ley del Municipio Libre, el 2 de febrero de 1914, fue la primera versión del artículo 115.

Según esa versión, “la independencia de los ayuntamientos permitiría moralizar la administración pública, promovería el progreso material y el florecimiento intelectual”.

El artículo constitucional se ha reformado en 16 ocasiones. Las más fueron hechas por Ernesto Zedillo en 1999. Con cada una aumentó hasta el asombro las responsabilidades municipales.

Los municipios no podrían vivir de ingresos propios: impuesto predial, permisos, consumo, traslados, licencias, multas y de la administración de servicios como agua, drenaje, mercados o panteones. Administrar algunos suele costar más de lo que recauden.

Agréguese la endémica inhabilidad para cobrar, derivada del limitado empleo de la informática, y tener padrones de causantes desactualizados con tarifas anacrónicas. ¡Vaya desfase con una visión de administración moderna!

Ahí aparece la mano federal –SHCP– con las llamadas participaciones y contribuciones que son dineros bienvenidos, pero insuficientes. De acuerdo con el artículo 115, fracción 4, el municipio no interviene en la definición de las bases, montos y pagos de esas aportaciones; eso lo determina la legislatura.

Definido el monto para cada municipio, la transferencia final debe autorizarla el gobernador, dinero que usualmente jinetea o arbitrariamente retiene. El propósito real y nada ético es ejercer control político sobre el alcalde vía presupuesto.

Ciertos gobernadores justifican esa intervención diciendo: “México es una federación de estados, no de municipios”. A eso se le llama municipio libre, orgullo de nuestra revolución.

No son pocos los casos, como Cuernavaca, que en 2021 sus participaciones federales fueron de 40 por ciento de su presupuesto de egresos.

Sólo de esa proporción dispone un alcalde para completar el gasto fijo y ejecutar actos de gobierno significativos, dineros que maliciosamente le son entregados con cuentagotas.

La deuda es otra atadura. Cuernavaca tiene una grande y añeja, casi 800 millones, que no podrá saldar más que mejorando su administración fiscal o mediante un rescate federal, quizá vía Ramo 23. Subsidios a municipios. Ese rescate suele darse ante un proyecto solvente de aplicación, requisito que no gusta al recipiendario.

El sometimiento político/financiero tiene otro efecto: hace que la planeación municipal y su presupuestación sean una simulación que conduce a la irregularidad en la programación y ejecución del gasto.

Por otro lado, es responsabilidad del presidente que las prácticas de cobro, que fueron diseñadas para otros tiempos, sigan presentes. La tramitología es retorcida; su consecuencia, la corrupción.

Su desfase con la vida actual, lejos de ofrecer sistematización, método y con ello agilidad y certeza a la autoridad reguladora y al público obligado, son obstáculos al aplicarlas y martirio para quien debe soportarlas.

Por parte de la burocracia, la frase “no hay sistema” es frecuente justificación a toda torpeza. Tal situación vino a aligerarse con la subrogación del cobro a tiendas de conveniencia, donde las hay.

La lógica pregunta es ¿por qué pasa eso? Un factor es la asfixiante atadura a la que está sujeto el presidente por las fuerzas ya descritas. La peor, la animosidad del gobernador. Peor si pertenecen a partidos distintos. Súmese la breve duración del mandato municipal.

En ese plazo, además de la complejidad del gobernar lo cotidiano, debe planear y ejecutar actos trascendentes sin tiempo ni dinero. Se tiene certidumbre del primer periodo de mandato. La expectativa de una relección es sólo eso, esperanza.

Causa calamitosa de disfunción es la integración del cabildo. Sobran regidores y síndicos con todo y sus inútiles “ayudantes”. Son demasiados y en nada se comprometen con su función. Más que entenderse como funcionarios, alegan como derecho que los puestos pertenecen a su partido y éste los coordina como le convenga.

Sus ingresos son desproporcionados, suelen estar espléndidamente remunerados. Sorprende conocer su larga y pesada nómina. Su aportación cívica es escasa, salvo mediante una pérfida paga adicional: ¡cada voto cuesta!, creándose una irregularidad en la que el alcalde teme verse implicado. Sabe que al rendir cuentas será el único responsable.

Tales personas actúan con la actitud de hacerse notar, haciendo ásperas e improductivas las sesiones. ¿Habrá quién crea que el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal funciona?

El municipio es asunto de interés cívico que nos importa a todos. Es el espacio básico para la relación gobierno/comunidad. Por eso vale repetir la sugestiva pregunta titular: el municipio ¿es libre?, ¿libre de qué?