Desde 15 de mayo de 2020, profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron una denuncia de hechos por la presunta destrucción de un indeterminado número de monumentos arqueológicos, localizados en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz, por los denominados Tren Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sin que, a la fecha, la Fiscalía General de la República informe sobre este recurso jurídico.
En ese documento, los profesores investigadores consideran que están obligados a guardar y hacer cumplir la letra y el espíritu de la Constitución, las leyes, los reglamentos y ordenamientos en materia de investigación, conservación, custodia y difusión de los bienes nacionales denominados monumentos arqueológicos. Destacan que las megaobras referidas provocarán la inminente destrucción inducida y continuada de una cantidad indeterminada de monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y paleontológicos, no sólo por las tierras por las que transitarán los trenes, sino también por todos los territorios donde ejercerán su influencia transformadora y destructiva, colonizadora intensiva y extensiva, las estaciones, paraderos, polos de desarrollo, nuevas ciudades, parques industriales, agroindustriales, eólicos y turísticos, que terminarán afectando todo lo existente, tanto en ámbito social como natural y cultural.
En las argumentaciones que fundamentan la denuncia, se hace referencia al conocimiento del fiscal de la República en la materia, al citar el libro de su autoría: La defensa jurídica y social del patrimonio cultural , publicado por el Fondo de Cultura Económica, en 1976, del cual, incluso, se señala lo siguiente: “Hacemos votos por que el impulso que ha sido desplegado (con la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas de 1972) sea el principio del fin de nuestro suicidio como nación arraigada en sus tradiciones, el fin de la autodestrucción cultural, del absurdo vandalismo y de la irresponsable omisión o lenidad en el cumplimiento de las funciones más relevantes de la convivencia humana que es la producción cultural y su protección”
Por ello, los profesores investigadores denunciantes, y las personas y organizaciones sociales que solicitaron adherirse a la misma, demandan de la fiscalía que inicie las investigaciones y que, conforme a derecho, evite las evidentes destrucciones sociales y patrimoniales que ocasionarán las megaobras referidas. Se adjuntan, en el corpus de la denuncia, mapas detallados de la ruta del Tren Maya, que incluyen un aproximado de 2 mil 48 sitios arqueológicos amenazados a lo largo de los trayectos, en áreas de proximidad de uno, cinco y 10 kilómetros, y que incluyen, también, zonas urbanas, estaciones y paraderos. Estos mapas dan una perspectiva territorial detallada y de un alto valor probatorio para las indagaciones que se solicitan.
Se hace un recuento de los antecedentes de los megaproyectos durante la campaña electoral para la Presidencia de la República, a partir de materiales periodísticos, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-19 y la escasa documentación proporcionada por los funcionarios del INAH, que se obtuvo por vía de la Plataforma de Transparencia, señalando la actitud omisa de estas autoridades, ante los requerimientos de actores sociales involucrados directamente en la salvaguarda del patrimonio cultural, como son los propios académicos del INAH. Asimismo, se incorporan observaciones a tomar en cuenta en la investigación judicial, como el hecho de que los funcionarios referidos, en sus intervenciones públicas, ofertan el patrimonio como una mercancía para el turismo nacional e internacional, sin tomar en cuenta que los bienes nacionales arqueológicos están protegidos por la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos vigente, cuya utilidad pública es su investigación, conservación, custodia y difusión, y no su explotación turística.
La denuncia se amplía en su crítica fundada al reordenamiento de los asentamientos de pueblos y comunidades en los territorios afectados, por medio del despojo de tierras, cambios en el uso del suelo y los procesos de proletarización y precarización laboral, que estas megaobras conllevan.
Se demuestra, en este insumo procesal, que la consulta a los pueblos indígenas y el “ejercicio ciudadano” de 2019, fueron “una simulación, un ardid leguleyo y una maquinaria perversa” para publicitar que se cumplió con el Convenio 169 de la OIT, en las que, por cierto, no participó ni 2 por ciento del padrón electoral, ni pudieron ser observadas las asambleas comunitarias.
Pasados más de dos años de esta denuncia, resulta muy preocupante el evidente letargo en materia de justicia. También, en este tiempo transcurrido se constata la certeza de las hipótesis planteadas por los académicos del INAH.
