Pachuca, Hgo. Jubilados y pensionados del gobierno de Hidalgo se han visto perjudicados por el cambio tanto de sus tarjetas de vales de despensa y débito, como de la institución bancaria mediante la cual reciben esos recursos.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los adultos mayores en cuanto al pago de su mensualidad de febrero, ya que además de que muchos no han podido activar los plásticos, también les modificaron la fecha del pago del día 28 al 30 de cada mes.

Los afectados se quejaron de la falta de logística adecuada y de sensibilidad de funcionarios de la Dirección General de Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Hidalgo (DGDPGEH) para brindarles atención.

El 16 enero empleados de la dependencia se comunicaron vía telefónica con los interesados para que acudieran al Teatro Bartolomé de Medina, frente al palacio de gobierno, a fin de cambiar las tarjetas de débito en las que les depositan sus mensualidades y los vales.

Los inconformes explicaron que en los últimos años del anterior gobierno estatal, a cargo de Omar Fayad, y como parte de las medidas sanitarias por la pandemia, los vales de despensa fueron sustituidos por una tarjeta Efecticard Despensa Plus, de la empresa Efectivale.

Cuando se las entregaron, ya estaban activadas y contaban con fondos, por lo que podían pagar sin problema productos de la canasta básica y medicamentos.

No obstante, en enero pasado, la DGDPGEH determinó sustituir las tarjetas Efecticard por otra llamada Broxel Pay.

En la reunión celebrada el pasado 19 de enero en el teatro Bartolomé de Medina, los funcionarios de dicha instancia les aseguraron que los plásticos de Broxel Pay estaban listos para usarse, por lo que muchos de ellos, ese mismo día, se trasladaron a una tienda de autoservicio a adquirir su despensa.

Sin embargo, al llegar a las cajas no pudieron hacer la operación, ya que las tarjetas no estaban activas, por lo que fueron a reclamar a la DGDPGEH, en palacio de gobierno. Ahí los servidores públicos les indicaron que ellos mismos tenían que activarlas.

Les explicaron que necesitaban descargar una aplicación para registrarse, lo que muchos de los trabajadores retirados no pudieron hacer por tener edad muy avanzada o padecer discapacidades motriz, auditiva o enfermedades crónico-degenerativas; además, muchos no tienen teléfono inteligente ni los conocimientos necesarios para usarlos.

La misma situación ocurrió con otros ancianos, quienes se llevaron las tarjetas a sus casas.

Para el pago de pensiones mediante tarjetas de débito, la dirección sustituyó los plásticos de Banamex y BBVA por unos de Santander.

Para hacer los trámites de mil 200 pensionados y jubilados para el cambio de institución bancaria y entrega de las nuevas tarjetas de débito, los subordinados de la titular de la dirección, Karen Baños, instalaron una carpa en la explanada de la plaza Juárez, frente al teatro.

Así, los jubilados, que poco a poco iban saliendo del inmueble tras recibir sus tarjetas Broxel Pay, se sentaban en las sillas colocadas por las autoridades en espera de su turno para sustituir los plásticos.

Acudieron sólo 10 representantes de Santander, insuficientes para agilizar el trámite. Ante la tardanza y los cambios de clima que hubo a lo largo del día, los adultos mayores comenzaron a desesperarse y a las 17:30 horas las autoridades optaron por citarlos para el día siguiente.

Algunos se trasladaron a centros comerciales a realizar compras con las tarjetas Broxel Pay, pero no pudieron hacerlo porque estaban inactivas. Y otros tuvieron dificultades para desbloquear las de Santander.

Aunado a lo anterior, el personal de la DGDPGEH y los representantes del banco les explicaron que los días de pago iban a ser los 30 de cada mes y no los 28, como se hizo por décadas.

“No nos explicaron qué va a pasar con febrero, que tiene 28 días. No sabemos si ese día por excepción nos van a pagar ese día o van a posponer el depósito”, comentó otro afectado.

Para Víctor Licona Cervantes, quien fue secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo hasta el 31 de enero anterior, los cambios de tarjetas y de institución bancaria se hicieron “de forma arbitraria sin dar a los jubilados una notificación mediante un comunicado previo”.

Afirmó que ni Karen Baños ni su personal consultaron a los usuarios o al organismo sindical sobre si estaban de acuerdo con estas modificaciones ni les proporcionaron información sobre los supuestos beneficios que implicaría el cambio de banca.

Mencionó que BBVA, por ejemplo, otorgaba como beneficio extra una ayuda para gastos funerarios. En cambio, Santander, pese a tener pocas sucursales, administra el mayor número de nóminas de diversas dependencias federales, lo que ocasiona que haya mucha afluencia de usuarios en los cajeros.

“Nuestros compañeros jubilados, por sus condiciones físicas y de salud, no pueden estar mucho tiempo parados, y vemos que en Santander hay largas filas de trabajadores que acuden a cobrar”, subrayó.

Licona Cervantes refirió que hay casos en que los jubilados y pensionados siguen recibiendo sus depósitos en las tarjetas anteriores y no en las de Santander.

En cuanto al cambio de la tarjeta de vales, Víctor Licona apuntó que las autoridades tampoco pidieron opinión al sindicato y a los ex trabajadores no les dio tiempo de gastar lo que aún había en las tarjetas Efecticard.

Mediante una negociación con la empresa Efectivale, el organismo sindical logró que los empleados en retiro tuvieran una prórroga para gastar los remanentes que había en sus plásticos.

Licona dijo que la organización gremial envió un oficio a Karen Baños para que explicara por qué se hizo la sustitución, pero la funcionaria no respondió.

Víctor Licona expuso que lo más grave es que en las Condiciones Generales de Trabajo que el sindicato firmó con la pasada administración estatal, y que fueron depositadas ante el Tribunal de Arbitraje, se estipula que los jubilados tendrían incrementos en sus pensiones en igual porcentaje que el aumento salarial del personal activo.

Recordó que en enero de 2022 los empleados en activo tuvieron un incremento de 8 por ciento al salario, que no ha sido otorgado a los pensionados.

La Jornada solicitó una entrevista con Karen Baños para conocer su versión al respecto, pero la petición no fue atendida.