Bruselas. La Unión Europea (UE) exigió ayer a Nicaragua que dé marcha atrás en la decisión “injustificable” de retirar la nacionalidad a 94 disidentes acusados por la fiscalía de la comisión del delito de “traición a la patria”.

En un comunicado, la diplomacia europea señala que esta decisión “constituye una violación de sus derechos fundamentales y es una violación del derecho internacional” y tras tachar de “injustificable” este paso, avisa que estas acciones corren el riesgo de “profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua”.

Después de que el régimen de Daniel Ortega aprobara quitar la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, siguiendo el paso dado hace una semana, cuando deportó a 222 presos políticos a Estados Unidos, la UE pide a las autoridades dar marcha atrás con esta medida, que supone estrechar aún más el cerco contra los opositores a Ortega.

“La UE hace un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que reviertan de inmediato estos pasos y cesen la persecución y las represalias contra los disidentes y los defensores de los derechos humanos”, insistió el comunicado.

La diplomacia comunitaria recuerda que esta medida va contra el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege “el derecho de toda persona a una nacionalidad y prohíbe su privación arbitraria”.

Los ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de derechos humanos, fueron declarados “prófugos de la justicia” y les serán confiscados sus bienes y sociedades, para pasar a manos del Estado, informó La Prensa.

El listado incluye al director del diario El Confidencial, Carlos Fernando Chamorro; al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.