Madrid. El Congreso de los Diputados español aprobó definitivamente el jueves una ley para que las trabajadoras que sufren de reglas dolorosas pueden tomarse una "baja menstrual", una medida pionera en Europa para, según el gobierno de izquierda, romper tabúes.

"Hoy es un día histórico de avance en derechos feministas", escribió en Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el partido de izquierda radical que es socio minoritario de la coalición de gobierno con los socialistas.

Adoptada por 185 votos favorables, 154 en contra y 3 abstenciones, esta ley convierte a España en el primer país de Europa y uno de los pocos del mundo en contemplar esta medida, a imitación de Japón, Indonesia y Zambia.

El texto de la ley afirma que "tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis".

"Se trata de dar una regulación adecuada a esta situación patológica con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral", añade la ley.

La ley no especifica cuánto tiempo durará esta licencia por enfermedad.

La "baja menstrual" ha despertado reservas en la parte socialista del gobierno y es criticada por el sindicato UGT (Unión General de Trabajadores).

UGT, uno de los dos mayores sindicatos del país, expresó su preocupación por que los empresarios que quieran evitarlas acaben frenando la contratación de mujeres.

El conservador Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, advirtió del riesgo de "marginación, estigmatización" y "consecuencias negativas en el mercado laboral" para las mujeres.

La baja menstrual es una de las medidas claves de un proyecto de ley mucho más amplio para aumentar el acceso al aborto en los hospitales públicos, que practican menos del 15% de los abortos del país, debido principalmente a la masiva objeción de conciencia de los médicos.

Muchas mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros para abortar ante la falta de servicio público o de una clínica especializada próxima en ciertas zonas del país.

La ley permitirá además a las menores abortar sin el permiso de sus padres a partir de los 16 años, anulando una obligación instaurada por un gobierno conservador en 2015.

El aborto se despenalizó en España en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero sigue siendo un derecho plagado de obstáculos en este país tradicionalmente católico.

La ley aprobada el jueves también prevé que se imparta más educación sexual en las escuelas y la distribución gratuita de anticonceptivos y productos de higiene menstrual en los institutos.

España es un país considerado referencia de los derechos de la mujer en Europa, especialmente desde la aprobación de una ley sobre violencia de género en 2004.

El gobierno de Sánchez se declara feminista y cuenta con más mujeres que hombres en sus filas.