Ciudad de México. Familiares de Luis Ángel León Rodríguez, un ex policía federal que desapareció en 2009 en el estado de Michoacán, acompañados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, presentaron este caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El objetivo, dijeron, es que se pronuncie y condene al Estado mexicano “por su responsabilidad en la desaparición forzada y por la ausencia de un efectivo acceso a la justicia”.

En conferencia, la madre de la víctima, Araceli Rodríguez, expuso que su hijo desapareció cuando se trasladaba junto con otros seis compañeros a Michoacán, como parte de las labores que le fueron asignadas por su superior en la extinta Policía Federal (PF). Y destacó que debido a su lucha por encontrar a Luis Ángel, ha sido intimidad y amenazada, e incluso estas agresiones vinieron por parte de Genaro García Luna, ex Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, y actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos.

En una reunión, cuando había pasado un año y seis meses de la desaparición de los siete policías federales y un civil que los acompañaba, “el ingeniero Genaro García Luna me amenazó de muerte”, contó Araceli. En ese encuentro le dijo: “‘Araceli ya deja de estar buscando culpables donde no los hay, fue la delincuencia organizada la que se llevó a los compañeros, mejor por qué no reflexionas, piensas un momento, pasas una película de tu vida desde que tenías uso de razón, analizas, reflexionas y piensas 10 minutos cómo te gustaría morir…”

De acuerdo con los representantes de la familia de Luis Ángel, “durante varios días la PF negó la desaparición de los siete policías federales y el civil, además omitió proporcionar información a sus familiares sobre su suerte o paradero”.

Luego de ello, destacaron, “sin proporcionar evidencia alguna, la PF informó a la familia de Luis Ángel que estaba muerto y pretendió dar carpetazo al caso”. Les dijeron que los “habían secuestrados y posteriormente ejecutados y calcinados por miembros de la delincuencia organizada”, dijo Miguel Ángel Alcaraz, abogado.

Además, expuso, dado que Araceli y sus familiares continuaron con la búsqueda de Luis Ángel, esto ha tenido como consecuencia “que hayan sido amenazados de muerte” y se han enfrentado “a una obstaculización y resistencia permanente de las autoridades” para buscarlo, llevar a los perpetradores ante la justicia y reparar el daño”.

Víctor Alonso Del Pozo Rodríguez, subdirector de la CMDPDH, señaló que este caso es “representativo de una época en la que el Estado mexicano, a través de sus gobiernos e instituciones federales, tomó la decisión de sustituir las funciones de seguridad pública que se realizan en los municipios, particularmente en estados conocidos por ser especialmente violentos como el de Michoacán”.