Buenos Aires. En momentos en que trascurre el debate sobre el juicio a la Corte Suprema de Justicia en la comisión creada en el Congreso, algunos jueces parecen decididos a golpear en un tema crucial en este país como es el de los derechos humanos, al acordar la libertad condicional del ex sargento Juan Carlos Fotea, condenado a 25 años de prisión, de los que lleva cumplidos 17, quien entre otros delitos de lesa humanidad estuvo involucrado en el secuestro y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh, en 1977, reconocido además por su valiente Carta a la Junta militar de la Dictadura (1976-1983), que le costó la vida.

También en diciembre de ese año, cuando participaba en el Grupo de Tareas de la Marina, que actuaba en el temible centro clandestino de detención Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) –donde desapareció Walsh–, intervino en el secuestro de las Madres de Plaza de Mayo, junto con otras víctimas, entre ellas dos monjas francesas que fueron secuestradas en la iglesia de Santa Cruz el 8 de diciembre de 1977.

Tres de las madres fundadoras, Azucena Villaflor, su presidenta secuestrada el 10 de diciembre, y Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, el 8 del mismo mes en el operativo de la iglesia, fueron llevadas a la Esma, donde se les torturó y luego fueron arrojadas al mar vivas desde un avión de la marina, en uno de los “vuelos de la muerte”.

El juez Daniel Obligado, de la Cámara Federal, debió acatar la orden de la Cámara de Casación de conceder la libertad condicional al ex sargento Fotea, pero dejó constancia de su desacuerdo.

Hubo reacciones fuertes de organismos de derechos humanos y los HIJOS de desaparecidos en esta capital, que alertaron sobre esta situación, recurrieron a la consigna de que “el único lugar para un genocida es la cárcel común”. 

Fotea no sólo operó en la marina, siendo asignado para esto por la Policía Federal, sino también lo hizo en el famoso Batallón de Inteligencia 601 y en la coordinación federal de la policía, siniestros centros de espionaje, de torturas, el primero activo en varias operaciones como el Plan Cóndor. Se fue a España cuando llegó la democracia, en 1983, y en 1996 fue juzgado por el juez Baltasar Garzón por delitos de lesa humanidad, a pesar de lo cual siguió en libertad hasta 2005, cuando fue deportado.

En medio de estas noticias que vuelven a golpear a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes, Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y diputada de la legislatura de esta capital por el gobernante Frente de Todos, logró encontrar la vivienda donde fue secuestrada junto a sus padres, Hilda Ramona Torres y Roque Montenegro, a los 47 años del hecho en el que intervinieron el ejército y la policía, en febrero de 1976.

El coronel Herman Tetzlaff, que estuvo a cargo del operativo, se apropió de la pequeña y la nombró María Sol; en 2000 ella se convirtió en la hija recuperada número 95 gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y se le restituyó su identidad como Victoria Montenegro Torres.

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