Madrid. La fiscalía de Perú registró ayer la sede del Ministerio de Trabajo como parte del caso de presunta corrupción del primer ministro, Alberto Otárola, a quien se acusa de facilitar la contratación de su ex cuñada Carola Rodríguez en esa cartera.

El fiscal Alain Flores y su equipo fueron recibidos en el ministerio por el asesor Marcos Augusto Manco para que pudieran dar comienzo las diligencias, informó la emisora local RPP.

El Ministerio Público abrió el martes pasado una investigación contra Otárola y el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, como presunto instigador y autor, respectivamente, de un delito de colusión gravada. La fiscalía sospecha que ambos contrataron a la ex cuñada del primer ministro como asesora en el Ministerio del Trabajo con un sueldo mensual de poco más de 4 mil dólares, reveló el semanario Hildebrandt en sus Trece.

El premier designó a Adrianzén como encargado del Ministerio de Trabajo tras la dimisión del entonces ministro Eduardo García, quien se fue en protesta por las muertes durante las movilizaciones sociales que exigen desde diciembre pasado la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la creación de una Asamblea Constituyente y la liberación del destituido presidente Pedro Castillo.

Tras la apertura de la investigación, Otárola negó haber intervenido en ninguna designación dentro de la cartera del Trabajo y rechazó haber tenido comunicación reciente con su ex cuñada. Adrianzén aseguró que la contratación de Carola Rodríguez “ya fue explicada”, si bien se mostró dispuesto a colaborar con la fiscalía.

En tanto, la ciudadela inca de Machu Picchu, joya turística de Perú, reabrió ayer sus puertas a los visitantes, tras 25 días de cierre debido a las protestas. Los primeros grupos de turistas ingresaron al parque arqueológico desde temprano por la mañana con el fin de aprovechar el día inusualmente soleado de esta temporada.