Ante la insuficiente información científica que demuestre que el maíz transgénico es inocuo para la salud, México debe sostener el principio precautorio como “argumento central” en la polémica comercial con Estados Unidos, quien insiste en llevar el tema a un panel por supuestas violaciones al T-MEC, señaló la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.
Por su parte, el Centro para la Diversidad Biológica y Greenpeace México rechazaron “enérgicamente la intervención de Estados Unidos” en la política agrícola y de alimentación en el país, ya que se opone al decreto del gobierno mexicano para eliminar el uso de glifosato y la prohibición de maíz transgénico para consumo humano.
Las organizaciones ambientales señalaron que durante meses Estados Unidos “ha ejercido una fuerte presión sobre México y se ha negado a respetar”su decisión. En cambio, “ha intimidado incansablemente al país para que acepte el maíz transgénico con el fin de proteger las ganancias de los gigantes de la agroindustria estadunidense”.
Lori Ann Burd, del Centro para la Diversidad Biológica, señaló: “los vergonzosos esfuerzos de Estados Unidos para obligar a México a aceptar el maíz transgénico no son más que imperialismo del siglo XXI”.
Greenpeace recordó, en su posicionamiento, que la semana pasada el nuevo jefe de comercio agrícola estadunidense, Doug McKalip, exigió que México respondiera a las preguntas sobre el plan de eliminación del maíz transgénico antes del 14 de febrero. Un día antes, el gobierno mexicano emitió un nuevo decreto que descarta la fecha límite de enero de 2024 para la eliminación gradual del maíz genéticamente modificado, sin proporcionar plazo para su eliminación.
Al realizar un comparativo de los decretos de diciembre de 2020 y del 13 de febrero de 2023, Sin Maíz No Hay País detectó que México mantuvo su compromiso de eliminar el transgénico para masa y tortillas, y estableció el 31 de marzo de 2024 como fecha límite para eliminar el glifosato. Sin embargo, en ambos decretos “hay resquicios que obligan” a las organizaciones y a la ciudadanía a trabajar en conjunto para “lograr leyes con sus respectivos reglamentos”.
A su vez, el Consejo Nacional Agropecuario, que agrupa a agroindustriales, reconoció el decreto presidencial del lunes, pero afirmó que prohibir el uso de maíz transgénico, así como el glifosato, “sí tendría un impacto negativo en la producción de alimentos”.
