Las transferencias monetarias de gobierno mitigan la pobreza económica, pero se deben complementar con otras estrategias sociales, consideró José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el contexto de la prestación del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 (IEPDS 2022) señaló que el estudio identificó “un aumento en el peso de las transferencias sociales en el ingreso de la población en los deciles medios y altos”.

Lo anterior se explica debido al “enfoque de acceso universal con el que operan algunos de los programas prioritarios”, tal es el caso de la Pensión para Personas Adultas Mayores a la cual pueden acceder todos los mayores de 65 años, independientemente de su condición económica, explicó Cruz Marcelo a La Jornada.

El hecho de que apoyos sociales estén llegando a sectores con mayores posibilidades económicas y pobreza moderada “implica una reducción en la progresividad”.

Justamente, la población adulta mayor, de 2018 a 2020 tuvo una reducción en la proporción de personas en situación de pobreza al pasar de 43.2 a 37.9 por ciento.

Asimismo, la carencia con mayor presencia en las personas de más de 65 años fue la de rezago educativo (49.1) “a la vez que destaca la notable disminución de 12.6 puntos porcentuales en la carencia por acceso a la seguridad social, pasando de 41.4 a 28.8 por ciento”.

En el IEPDS 2022 también se expresa que es “prioritario implementar estrategias que compensen la carencia de acceso a seguridad social para las mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia, con especial énfasis en programas de guarderías, asistencia social y prestaciones por maternidad”.

Así como que es indispensable también apoyar a las infancias, vía “implementar acciones desde un enfoque de curso de vida, que aseguren el acceso efectivo de niñas, niños y adolescentes a la seguridad social independientemente de la condición de sus familias.

Estas “deben asegurar el acceso a servicios de cuidado y protección social al margen de la condición laboral de los padres, e incorporar servicios de cuidados desde una perspectiva integral y multidisciplinaria que fomente su sano desarrollo”.

El (IEPDS 2022) tiene como propósito proporcionar un diagnóstico de los contextos social y económico, de la evolución de la pobreza multidimensional en México entre 2018 y 2020 y el comportamiento de la pobreza laboral hasta 2022. Además, documenta los principales cambios de la política de desarrollo social, así como los retos en cuanto a la incidencia distributiva y la atención integral de los programas y acciones de desarrollo social para la atención integral de los derechos sociales de la población.

Precisa que el contexto económico en México ha sufrido afectaciones en los últimos años derivadas de diversos factores internos y externos, entre ellos la emergencia sanitaria por Covid-19, además del desarrollo de conflictos comerciales y bélicos a nivel internacional.

“Si bien la actividad económica ha mostrado signos de recuperación, por ejemplo a partir del segundo trimestre de 2021 han ido mejorando las tasas de participación laboral”, el sector de mujeres, sigue muy por debajo de el acceso laboral de los varones.

“Aunque la tasa de participación laboral de mujeres pasó de 40 por ciento en el tercer trimestre de 2020 a 45.1 por ciento en el segundo trimestre de 2022, sigue encontrándose por debajo de la tasa de participación de los hombres, que fue de 76.5 por ciento para el segundo trimestre de 2022”.

Además “persiste el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, lo que se traduce en la pérdida en el poder adquisitivo del ingreso de la población, afectando directamente el ejercicio de sus derechos sociales y los indicadores de pobreza en México”.

Advierte que algunos grupos poblacionales enfrentan menores niveles de bienestar y obstáculos sistemáticos para el ejercicio de los derechos sociales.

Así en 2020, siete de cada 10 personas indígenas se encontraban en situación de pobreza y las dos carencias con mayor incidencia entre esta población fueron la de acceso a la seguridad social (77.2 por ciento) y la de acceso a los servicios básicos en la vivienda (57.9 por ciento).

En el primer año de la pandemia el 49.5 por ciento de la población con discapacidad se encontraba en situación de pobreza; en ese mismo año, la carencia con más presencia en este grupo poblacional fue la de acceso a la seguridad social (46 por ciento) y la segunda fue el rezago educativo (45.9).

La mitad de las niñas, niños y adolescentes se encontraba en situación de pobreza en 2020; las carencias más reportadas en esta población además de la de acceso a la seguridad social (58 por ciento) fueron la de acceso a los servicios de salud (27.5) y la de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad (26.3).

El 46.1 por ciento de la población de 12 a 29 años en 2020 se encontraban en situación de pobreza, la carencia con mayor incidencia para las y los jóvenes fue el acceso a la seguridad social (59.3) seguida de la de acceso a los servicios de salud, que de 2018 a 2020 aumentó de 19.6 a 32.1 por ciento.