Varios terrenos tuvieron que comprarse para unir en una sola propiedad una casa de ensueño de estilo tropical cuyos altos muros impidieron que desde fuera pudiesen apreciarse los suntuosos jardines con árboles frutales que daban sombra a pavorreales que, como su dueño, ostentaron durante demasiado tiempo y sin recato el plumaje. Las cámaras de videovigilancia tenían cubierto el perímetro completo de aquella residencia para impedir la intromisión de personas que no estuvieran invitadas a permanecer ahí más tiempo del que el simple paso por el sitio pudiese tomar.
No se trata del escenario de una serie que haga apología del narco, tampoco de una residencia colombiana que Pablo Escobar utilizó en tantas ocasiones y con distintos fines, sino –ubicada en Juitepec, Morelos– de una de las muchas propiedades de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien se relajaba en su tibia alberca mientras a lo lejos escuchaba el correr del agua cristalina de su arroyo privado.
A la propiedad morelense de más de 2 mil metros cuadrados se suman varias más a nombre de García Luna o su esposa y testaferros. Por ejemplo, una casa en el exclusivo conjunto residencial Jardines de la Montaña, o restaurantes en Cuernavaca y Xochimilco –con todo y privilegio de condonaciones de impuestos por parte del gobierno de Felipe Calderón–, y seis propiedades en la carísima zona de Aventura, Florida. A lo anterior se añaden al menos 745 millones de dólares que García Luna robó –de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)– del erario siendo secretario de Seguridad del triste epónimo que conocemos como “calderonato”, cuando construyó una red de corrupción y lavado de dinero a través de 44 empresas y ocho personas físicas. Además, se sabe de la compra de automóviles de lujo Ferrari, Bentley, Land Rover y, entre otros, Lamborghini.
Los bienes mencionados en los párrafos anteriores no son los únicos sobre los que se tiene conocimiento que pertenecen, o pertenecieron, a Genaro García Luna, y seguramente muchos más deben estar fuera del radar de las autoridades –tanto mexicanas como estadunidenses–, pero con base en lo que sí se sabe, parece que tendría que ser suficiente para percatarse de que al haber sido funcionario público no cuenta con la solvencia económica suficiente para adquirir con su salario y prestaciones tan sólo una cuarta parte de lo mencionado, a menos de que delinquiera. Pero a pesar de ello, un grupo de oposición ve el problema en que Pablo Gómez, titular de la UIF, pronunció de manera incorrecta Lamborghini, y no en que García Luna se compró uno con dinero defraudado al pueblo.
Las afirmaciones presentadas por testigos de la fiscalía en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra de quien fue la mano derecha de Felipe Calderón han intentado ser descalificados debido a que, a decir por parte de la opinología ilustrada de la derecha recalcitrante, son declaraciones hechas por delincuentes en los que no se puede confiar, porque son, justo, delincuentes. Parecen desconocer quienes con firmeza y hasta insultos profieren esta afirmación disfrazada de argumento que sería complicado encontrar un testigo de operaciones criminales, entre ellas entrega de sobornos, amenazas, lavado de dineros, etcétera, que no sea delincuente debido, en mucho, a que las hermanas de la caridad no se pasean en esos escenarios, tampoco lo hacen contadores honestos ni mucho menos funcionarios y policías limpios. O ¿a quién esperaban como testigo? Hay que recordar que en los juicios en Estados Unidos contra la mafia italoestadunidense los testigos fueron, también, criminales involucrados en delitos por los que varios capos fueron finalmente sentenciados.
Los silencios de Calderón, a los que se suman los de García Luna en el juicio, son más elocuentes que cualquier maroma que la defensa pretenda hacer. El veredicto depende de un jurado del que se espera una sentencia que continúe abriendo la cloaca de un narcogobierno. Por más que lo niegue “calderónicamente”, resulta complicado creer que Felipe Calderón no tuviera –al menos– conocimiento de que García Luna operaba para el cártel de Sinaloa, lo que implicaría –de entrada– complicidad. Por más que su capacidad como gobernante fuera nula, como sugiere al afirmar desconocer que su mano derecha trabajaba para un grupo de la delincuencia, tal afirmación rebasa los límites del cinismo. Es necesario que no sólo sea la historia la que juzgue a Felipe Calderón e involucrados en su narcogobierno, sino que también lo haga la justicia.
