A más de un año de negociaciones con la Secretaría de Gobernación (SG), dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la sección 65 del Sindicato Minero denunciaron que desde esta instancia “están dilatando” la solución definitiva a la huelga en la mina de Cananea, en Sonora, que está por cumplir 16 años.

En conferencia de prensa, indicaron que en una reunión el sábado anterior en la dependencia, les ofrecieron una cantidad “pírrica de 40 mil dólares”, que equivaldría a poco menos de 800 mil pesos para cada uno de los 657 mineros y viudas como indemnización.

Dicha propuesta fue presentada, “en representación del Estado mexicano, por Enrique Irazoque”, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SG, la cual la ha mantenido “tercamente” desde hace un año, pese a ser rechazada, señalaron Arturo Rocha y Heriberto Verdugo, secretario del interior y delegado del CEN en Sonora, respectivamente.

En el encuentro, agregaron, se logró una minuta de acuerdos, entre ellos el compromiso del funcionario de ofrecer una nueva propuesta hace dos días; sin embargo, indicaron, “incumplió y para nosotros es una falta de respeto y seriedad, porque se trató de una reunión en la que estuvo presente la representación” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Avances en seguridad social

En materia de seguridad social y de vivienda hay avances, pero “el problema central es lo económico y no se ha llegado a un acuerdo”, comentó Verdugo, quien precisó que ello implica el pago de 14.5 años de salarios caídos a los mineros.

Los dirigentes sindicales recordaron que desde mayo de 2021, la CIDH otorgó la admisibilidad del caso Cananea, en la que se pide al gobierno mexicano llegar a una conciliación mediante un diálogo amistoso.

El funcionario, subrayaron, insiste en resolver el conflicto en lo económico con base en criterios que la CIDH aplicó en casos de Guatemala, Colombia y Perú, que implicaron la reinstalación de trabajadores.

Sin embargo, se trató de empleados al servicio del Estado, con salarios bajos y con constituciones que “no se comparan con la de México, que desde 1917 elevó a ese rango los derechos del trabajo”, enfatizó Óscar Alzaga, asesor jurídico del Sindicato Minero.

En este sentido, Verdugo y el coordinador jurídico del gremio, Nahir Velasco, recalcaron que en México hay un antecedente que sirve como referencia: el caso Pasta de Conchos, en el que se ofrecieron 3.7 millones de pesos para cada familia. Este, dijeron, sería el punto de partida para negociar, además de apoyos para los deudos y becas para los hijos de los mineros que han visto truncados sus estudios, y cuyo responsable de ambas tragedias –subrayaron– es Germán Larrea.

“Así como tiene años detenido este asunto en Gobernación, a través de Enrique Irazoque, que es un cuadro que llega a la dependencia en el gobierno de Felipe Calderón, sigue con Enrique Peña Nieto y aún se mantiene, lo mismo ocurre” con las huelgas históricas de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, las cuales se han prolongado por más de tres lustros debido a la complicidad de esas administraciones con el consorcio minero, mencionó Alzaga.