La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta para actualizar las sanciones por ataques a la moral e injurias a funcionarios públicos.

Con esta propuesta, la multa a quien insulte al presidente de la República, que actualmente es de 100 a mil pesos, será de entre 518.70 a 4 mil 149.60. Es decir, el equivalente de 5 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La misma multa se impondrá a quienes injurien a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces, integrantes del Congreso de la Unión y legislaturas locales, así como a generales y coroneles en el desempeño de sus funciones, al modificar la actual infracción, que va de 50 a 300 pesos.

En tanto, el castigo monetario a quienes agravien a secretarios del gabinete, al fiscal general de la República, gobernadores y titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aumentará de 50 a 500 pesos a entre 518.70 y mil 37.40.

La iniciativa de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández (Morena), que se dictaminó ayer, prevé la necesidad de reformar la Ley sobre Delitos de Imprenta, que data de 1917, para hacer eficiente su aplicación.

Actualmente, señala, las multas “son demasiado laxas”, en algunos casos “irrisorias” –por ejemplo, el incumplimiento de requisitos no se sanciona ni con una UMA actual (103.74 pesos)–, y no desincentivan la comisión de los delitos y se contraponen con las sanciones del Código Penal.

“El tabulador de insultos incluye la fabulosa suma de hasta 200 pesos en las multas, con arresto de no más de tres meses a quien injurie a un agente o funcionario público. Es decir, sale muy barato insultar al policía de la esquina y a un secretario de Estado; además, una afrenta al Congreso no cuesta dinero, pero la prisión puede ser hasta de dos años”, indica.

En sus consideraciones, la comisión aclaró que la actualización de los montos “es coincidente con el principio de libertad de expresión y sanciones cuando se trasgrede dicho principio”.

Por otro lado, ayer se integró el grupo de diputados que participará en la comisión bicameral para el seguimiento a los informes del Ejecutivo federal sobre el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por medio de la Guardia Nacional.