Lima. Organizaciones de derechos humanos y abogados independientes denunciaron penalmente a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante las protestas de diciembre en la región de Apurímac, en el sureste, informaron ayer los demandantes.

Horas antes, el gobierno había decretado prorrogar el estado de emergencia en Lima y la provincia de Callao para frenar las protestas sociales desatadas para exigir la renuncia de Boluarte y los miembros del Congreso.

La demanda contra la gobernante sostiene que durante los primeros cinco días de manifestaciones en esa región, ubicada a 900 kilómetros de Lima, que comenzaron el pasado 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia, se contabilizaron “seis muertos”, 83 heridos y decenas de detenidos, torturados y víctimas de abuso de autoridad.

“Cinco del total de los fallecidos fueron víctimas de proyectil de arma de fuego. Dos de las víctimas eran adolescentes y la mayor tenía 19 años”, agrega el comunicado del Instituto de Defensa Legal, una de las tres organizaciones que entablan la demanda.

La denuncia está dirigida contra Boluarte, el ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo; el entonces ministro de Defensa y hoy premier Alberto Otárola; el ex ministro del Interior César Cervantes, el comandante general de la policía Raúl Alfaro, otros dos mandos policiales y “contra quienes resulten responsables”.

Hay videos y testimonios

El documento judicial, que fue entregado antier a la Fiscalía contiene material audiovisual, documentos y testimonios de víctimas “que demuestran la comisión de delitos penales”.

“No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”. No sólo los efectivos policiales, que fueron actores directos, son responsables penalmente, sino también los que lo ordenaron, añadieron.

La denuncia se suma a otra investigación en curso de la fiscalía para determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes durante la represión a las marchas el pasado 15 de diciembre en el departamento de Ayacucho, donde murieron al menos ocho manifestantes.

Las protestas han dejado más 60 civiles muertos, un policía quemado en su patrulla, mil 300 heridos y 586 uniformados con lesiones.

En las manifestaciones se exige la renuncia de la mandataria –pedido que es respaldado por 76 por ciento de los peruanos, según una encuesta de Ipsos divulgada antier–, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.

Tras un pico de movilizaciones a mediados de enero, el clamor callejero ha amainado en la última semana, con convocatorias menos nutridas y un menor número de carreteras bloqueadas.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó una moción que propone declarar persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por comparar a los policías de esta nación andina con los nazis.

La moción será elevada al pleno para su votación y eventual aprobación.