El proceso judicial contra la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Huerta, señalada por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, “no es un caso juzgado todavía, no está terminado el proceso”, puntualizó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que en diciembre pasado la jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez reconfiguró el delito de desaparición forzada del que se acusaba a la ex edil, con lo cual le redujo la sentencia a cuatro años y dos meses de prisión por obstrucción de búsqueda, en lugar de establecer una de entre 40 y 60 años de cárcel, el mandatario apuntó que “seguramente ya debe de estar impugnada” la resolución.

Abordado al respecto en la conferencia de prensa matutina, ante las peticiones de justicia de los familiares de Claudia Uruchurtu, desaparecida en marzo de 2021 después de participar en una protesta en el zócalo de Nochixtlán, donde acusó al entonces gobierno municipal de malos manejos de recursos, el Ejecutivo federal sostuvo que su administración ha estado pendiente del caso.

“Hay organizaciones de derechos humanos que están pendientes de este asunto. Por nuestra parte, el secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández) ha estado muy pendiente y lo va a seguir estando”, señaló a la vez que dejó en claro que “no puede haber impunidad” en este caso, al cual se refirió como violación a los derechos humanos que ha conmovido a la población.

Además, relató que en una llamada, Jeremy Corbyn, ex líder del Partido Laborista del Reino Unido, le solicitó también estar atento para que no haya impunidad, por tratarse de una activista mexicana-británica.

Contrario a la sanción dictada contra Huerta, a las otras tres personas detenidas señaladas como autores materiales y copartícipes de la desaparición, la juzgadora les impuso penas de 40 y 60 años de prisión, en tanto que la activista no ha sido localizada.