El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) planteó a la Cámara de Diputados definir cómo se financiará en el futuro la pensión para adultos mayores de 65 años, porque hacia 2030, la población de esa edad se incrementará “y ahí se va a disparar el punto de quiebre”.

En un taller sobre reglas de operación, el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, dijo que al ser un derecho constitucional, la pensión deberá continuar en el sexenio siguiente, “pero con un monto mucho mayor de recursos”.

Durante la sesión, en un salón de la Cámara, en la que participaron legisladores, citó que las estimaciones del consejo concluyen que, entre 2018 y 2020, el único grupo poblacional en el que se reportó una disminución de porcentaje en situación de pobreza multidimensional fue el de mayores de 65 años. “Pasamos de 43 por ciento en 2018, a 38 por ciento en 2020, aun con el contexto de la pandemia y la contracción económica de ese año.

Ahí se refleja una política de de­sarrollo social; sin embargo, hemos empezado a plantear que es importante y, sobre todo, que la Cámara se plantee un análisis sobre el financiamiento de este programa a futuros años”.

En el siguiente sexenio, dijo, la población que ahora tiene 60 años tendrá derecho a la pensión y “se requerirán reflexiones mayores sobre el financiamiento y los alcances de este tipo de programas universales”.

Asimismo, explicó que en este año se van a ejecutar 121 programas del ámbito social por el gobierno federal, de los cuales la Secretaría de Educación Pública ejerce el mayor número de programas sujetos a reglas de operación, con 31.

Expuso que, aunque se ha reducido la cifra de programas sociales sujetos a reglas de operación, que pasaron de 64 en 2018 a 45 en 2022, el monto del presupuesto ha crecido.

Refirió que el año con menor gasto en los programas sujetos a reglas de operación fue 2019; sin embargo a partir de ese año, se incrementó de 220 mil millones de pesos a 518 mil millones para 2023.

Cruz Marcelo resaltó que, al crecer el volumen de presupuesto, conlleva no sólo una mayor responsabilidad administrativa, sino que puedan robustecerse e incrementarse los indicadores de monitoreo y seguimiento, así como la revisión o actualización de reglas de operación, sobre todo en los estados y municipios, donde “todavía hay un largo trecho qué recorrer”.