Ciudad de México. Vecinos de Mina 92, colonia Guerrero, presentaron una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la demolición irregular de unos cuartos, poniendo en riesgo la vida de los habitantes y que las viviendas colapsen ante el alto daño estructural que presentan.

El inmueble, explicaron, fue expropiado el 11 de noviembre de 2015 y entregado al Instituto de Vivienda para la construcción de departamentos y locales comerciales para sus habitantes, algunos de los cuales tienen hasta 70 años.

“La señora Judith Barrios Bautista, quienes representaba a las 15 familias que habitamos el lugar, algunas de nosotros le revocamos en enero pasado la representación al darnos cuenta que nos quiere dejar fuera del arraigo, necesario para contar con una vivienda, cuando inicie el proyecto de construcción del Invi, porque quiere meter a su gente y vender a extraños”, denunciaron Itzel Vicarte e Ivonne Oropeza.

En una manifestación que realizaron afuera de las instalaciones de la FGJCDMX, previa a la entrega de la denuncia, hicieron responsable a dicha persona y a su sobrino Freddy Vera “de lo que nos pueda pasar a nosotros y nuestras familias; así como al inmueble”.

Aclaran que, solicitaron a Lorena García, representante de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes, los represente ante el Invi para agilizar el proceso de construcción de nuevas viviendas, pues “ya han sido ocho años de espera y de vivir en la zozobra, porque el inmueble está muy dañado y en cualquier momento podría venirse abajo; y no se quiera meter a extraños o se vendan los espacios a gente ajena al inmueble”.

García Alonso aclaró que “no es ninguna invasora y la próxima semana se me otorgará la ratificación para representar a casi la mitad de las 15 familias que viven en el lugar y con ello buscaremos a la gente del Invi para que se proceda a la construcción de vivienda de interés social”.

Mencionó que, una vez que les sea aceptada la denuncia en la Fiscalía, procederán a la entrega de pruebas, y “sea la autoridad quien determine si esas personas incurrieron en algún delito y proceda en consecuencia”.