Es urgente cambiar el sistema de concesiones para la gestión del agua con una ley general, la cual debió expedirse desde el 8 de febrero de 2012, cuando se estableció en la Constitución el derecho humano al líquido, afirmó Miguel Ángel Montoya, experto en la materia. Agregó que mientras persista el actual modelo seguirá la concentración del recurso y la escasez para la población, que ahora padece una sequía que ya cubre 82 por ciento del territorio nacional.

El experto en gestión integral del agua participó en la preparación de la reforma constitucional en la Cámara de Diputados hace 11 años, y en todo este tiempo no se ha promulgado la nueva legislación, ya que esta omisión “es una continuidad en la política neoliberal del agua en México”.

La idea de una ley general fue “que moderara y eliminara gradualmente la contaminación, la concentración del agua y cambiara el régimen concesional que concentra el líquido en unas cuantas manos”.

Parecía que en este sexenio sería una prioridad generar una ley que permitiera la superación de la pobreza con un servicio de agua en condiciones dignas, pero no ocurrió así, consideró el especialista.

Tras diversos aplazamientos, la emisión de una ley general de aguas está en la agenda legislativa del Senado para el actual periodo de sesiones.

Actualmente uno por ciento de los usuarios explota la quinta parte del agua concesionada; mientras en 1992 había 2 mil permisos, ahora distintas fuentes estiman que son 514 mil.

Tan sólo la minería tiene 66 por ciento de las concesiones en acuíferos sin disponibilidad y casi 19 por ciento está en mantos sobrexplotados, indica el Sistema de Información Geográfica, Agua y Minería del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Los corporativos tienen accesos ilimitados

El organismo estima que en realidad ese sector tiene una huella hídrica anual (el volumen total utilizada en la elaboración de un producto o servicio) de mil 131 millones de millones de metros cúbicos, casi tres veces el almacenamiento de la presa Valle de Bravo.

“En Monterrey, mientras el servicio público accede a fuentes de agua superficial y de poca calidad, el agua subterránea es para las empresas. Es el caso de la cerveceras y acereras. Y el año pasado la gente no pudo acceder al agua bajo condiciones extremas, pero las compañías siguieron aprovechándola sin problema”, lamentó Montoya en entrevista.

También en la Ciudad de México la mayor parte del agua de calidad está en pozos y las empresas tampoco padecen la escasez que sí tienen los habitantes del oriente. “Por eso es tan importante cambiar el modelo concesional, es una de las premisas de la Ley General de Aguas, pero son muchos los intereses en juego”.

Advirtió que en los gobiernos locales hay una reafirmación de la privatización del suministro público del agua, como en Puebla. “Morena en campaña tuvo como parte de su bandera remunicipalizar el servicio de agua potable y saneamiento, quitar la concesión a Agua de Puebla. Lejos de esto, le refrendaron la concesión”.

Y en Querétaro no se hizo mayor intento por impedir la privatización, “el modelo de gestión neoliberal del agua que ha fracasado sigue vigente en el país”.

La población y los organismos de la sociedad que apoyaron una reforma de esta magnitud han guardado silencio, “como es el caso de la Coordinadora Agua para Todos, que sólo se movilizó cuando despidieron a Elena Burns de la Subdirección de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua, “aunque se debe reconocer que ese movimiento fue fundamental por revertir el proyecto de la ley de aguas que se presentó en el gobierno pasado”.