En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se acumulan ya seis controversias constitucionales y una docena de acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, parte del conocido como plan B, ninguna de las cuales ha sido admitida a trámite, pese a que fueron interpuestas hace más de 20 días.
Las primeras acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas desde el 23 de enero pasado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). En esa ocasión, el diputado panista Santiago Creel pidió a la SCJN que diera celeridad a estos asuntos para otorgar certeza jurídica al próximo proceso electoral.
A la fecha, ya se han sumado a estas primeras acciones otras presentadas por senadores y diputados de oposición, el partido Movimiento Ciudadano y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, varios municipios gobernados por el PAN interpusieron también sendas controversias constitucionales contra las mismas leyes, porque consideran que invaden su esfera de competencia legal; es el caso de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Huixquilucan, estado de México; Monclova y General Cepeda, Coahuila, y Morelia, Michoacán, entre otros.
Todos estos juicios constitucionales aparecen ya en las listas de estrados de la SCJN, pero hasta el momento no se ha emitido acuerdo sobre su admisión a trámite. Las reglas de procedimiento señalan que tanto las acciones como las controversias serán acumuladas para que un solo ministro las analice y proponga al pleno un proyecto de sentencia.
Además de estos asuntos, en la SCJN también se espera a que sea admitida a trámite otra controversia, que aunque no tiene que ver directamente con el plan B, sí incide directamente en el tema. Se trata de la controversia presentada por al Poder Legislativo de la Ciudad de México en contra del acuerdo INE/CG728/2022 del Consejo General del INE que modificó el reglamento de elecciones en materia de estructura de los organismos públicos locales.
