Mientras Estados Unidos despliega la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP, por sus siglas en inglés), en la Celac se evita el tema de los tratados de libre comercio e inversión. A pesar del desastre que significan para el fortalecimiento de mercados internos, la soberanía alimentaria (Víctor Quintana, La Jornada, 23/2/09) y la integración regional, la nueva generación de gobiernos progresistas de América Latina parecen tímidos en cuestionar los tratados de libre comercio e incluso algunos los impulsan (T-MEC, entrada de Chile al TPP, modernización de tratados con la UE, etcétera).

El pasado 27 de enero Estados Unidos puso en marcha la APEP que el presidente Biden había anunciado durante la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en junio pasado. Aunque el presidente López Obrador desistió de participar en esa cumbre dada la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, México fue partícipe y se sumó al divisorio APEP, que parece una extensión de la neoliberal Alianza del Pacífico.

Biden dice que “Estados Unidos tiene fuertes vínculos económicos en la región con tratados de libre comercio con nueve de nuestros socios iniciales”. Estos son Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá y Perú. Los otros dos adherentes al APEP, Ecuador y Uruguay, buscan ansiosamente un TLC con EU. Es clara la exclusión de países de la ALBA y de otros del Mercosur, principalmente Argentina y Brasil, para quienes, según la Casa Blanca, “la Asociación de las Américas es un marco flexible y abierto a todos los países que compartan nuestros valores y visión para un hemisferio próspero” (https://bit.ly/3XqbLAq).

La declaración de la APEP está llena de buenas intenciones, como el contribuir “a fomentar inversiones del sector privado que cumplan criterios ambientales, sociales y de gobernanza” (https://bit.ly/3HTKdxN). Sin embargo, los tratados comerciales y de inversión hacen lo contrario; coartan la capacidad de los estados de fomentar el desarrollo económico nacional, de cuidar el ambiente y de promover los derechos humanos.

Para que un nuevo acuerdo comercial en el hemisferio cumpla los loables objetivos que se plantea, los países de la asociación deben empezar por poner fin a los daños que siguen causando los tratados existentes en la región. Uno de los primeros pasos debería ser la eliminación de las perjudiciales normas de demandas inversionista-Estado que socavan la posibilidad de gobernar para el bien común. En efecto, parece que vivimos en dos mundos paralelos; el de declaraciones de asociación, amistad y cooperación, y el de la realidad de un neocolonialismo corporativista, bajo el cobijo de tratados de protección de inversiones, orientado al extractivismo cuyos costos más extremos son despojos territoriales y el aumento de asesinatos de líderes ambientalistas.

Según el informe ISDS en números, del Transnational Institute, tribunales supranacionales (principalmente el Ciadi, del Banco Mundial), ya han ordenado a estados latinoamericanos a “compensar” a inversionistas (en su mayoría de Estados Unidos) que alegan que medidas o políticas públicas han afectado sus ganancias, por al menos 33 mil 638 millones de dólares (en casos conocidos) y que la ONU ha estimado que con tan sólo un tercio de este monto se superaría la pobreza extrema en 16 países del hemisferio (https://rb.gy/eeltwl).

La cumbre de la CELAC del 24 de enero, tuvo logros como el avance de una Agencia Latinoamericana de Medicinas (La Jornada, 23-1-23), y otros destacados en la Declaración de Buenos Aires (https://bit.ly/3Xkf8ck). Sin embargo –tres días antes del lanzamiento estadunidense de la APEP–, el tema tratados de libre comercio y de inversión pasó desapercibido. En la declaración final no se les menciona (y la única referencia que se hace del “colonialismo” es en torno a las islas Malvinas). Resulta irónico, cuando apenas a unos kilómetros al sur de la capital argentina, en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, fracasó en 2005 la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, impulsada por el entonces presidente Bush.

Como ha dicho Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires: “El principal obstáculo que afronta la Celac para reactivar la integración regional es la preeminencia de tratados de libre comercio de sus miembros con el resto del mundo. Esos convenios son convalidados por los gobiernos de la nueva oleada progresista. Nadie discute su continuidad (https://bit.ly/3YHqJmQ)”.

La única mención al comercio mundial en la declaración de Buenos Aires obliga a rascarnos la cabeza. No se indica cuáles, pero se establece “preocupación (por) el incremento de medidas restrictivas al comercio que se adoptan con la justificación de conservar el ambiente en un contexto de creciente incertidumbre económica y múltiples crisis que complican las perspectivas económicas mundiales y afectan especialmente las capacidades de los países en desarrollo para cumplir sus ODS (Objetivos de Desarrollo)”. Y van más allá: “restricciones comerciales unilaterales e incompatibles con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) son inapropiadas para abordar preocupaciones ambientales y la promoción del desarrollo sostenible”.

En contraste, la naciente Celac Social –agrupación de fuerzas políticas, centrales sindicales, organizaciones y movimientos– se pronunció por el rechazo “a toda forma de colonialismo o neocolonialismo en América Latina y el Caribe” y demandó “que se desande el sendero de acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversión que han sido perjudiciales para nuestros países” (https://bit.ly/3HQFAV9). Ojalá la Celac, con el regreso y liderazgo de Brasil, empiece a caminar por este rumbo.

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org