En los años 60 y 70 era común ver en Michoacán grandes extensiones de tierras con cientos de árboles de aguacate, su única función: brindar sombra al café, actividad que reinaba en tierras purépechas. Sin embargo, varias décadas después, el panorama del estado ubicado en el occiden-te de México ha cambiado, en parte por la creciente demanda de Estados Unidos, que se acrecienta en los días que se juega el Supertazón: los plantíos cafetaleros prácticamente han desaparecido y los árboles aguacateros proliferan, en lo que representa un acaudalado negocio de 3 mil 300 millones de dólares anuales que ha atraído al crimen organizado y a las garras de la corrupción.

Hace 40 o 50 años el aguacate (o palta como es conocido en otros países) “era un fruto muy sabroso que se sembraba sólo en algunos estados del país, pero que no era muy popular debido a que su vida era muy corta”, cuenta Ramón, productor de uno de los 43 municipios aguacateros de Michoacán, estado que aporta ocho de cada 10 toneladas del fruto que se producen anualmente en México.

Todo cambió, recuerda, cuando un horticultor californiano llama-do Rudolph Hass cosechó una variante que era un cruce entre un fruto de México (Atlixco, Puebla) y otro de Guatemala, bautizándolo aguacate Hass, cuya principal característica era el grosor de su cáscara, lo cual le permitía viajar por miles de kilómetros sin echarse a perder, lo que abrió el camino a la exportación, y a la postre, a ganancias millonarias.

No obstante, rememora, fue hasta la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cuando se concre-taron las primeras exportaciones de aguacate.

Datos del Banco de México (BdeM) indican que en 1994, primer año del pacto tripartito entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país exportó a EU aguacate por un monto de 29 millones de dólares, cantidad que para 1999 pasó a 59 millones y para 2009 se disparó a 645 millones, suma que no obstante, aún estaba muy lejos de los ingresos anuales que deja actualmente la venta al extranjero de este fruto.

Explosión de ganancias

Durante toda la década pasada, la Asociación Mundial de Aguacates (WAO, por sus siglas en inglés) se encargó de promoverlo como un “superalimento” debido a su alto valor nutricional, lo que provocó que en poco tiempo la población estadunidense pasara de consumir alrededor de 200 mil toneladas anuales a 1.5 millones, disparando las exportaciones mexicanas a ese país, específicamente las michoacanas, pues hasta el año pasado (este se incorporó Jalisco) era el único estado autorizado para hacerlo.

Como resultado, datos del BdeM indican que las exportaciones pasaron de alrededor de 600 millones de dólares a finales de la década de los 2000 a 3 mil 270 millones en 2021 (último año completo disponible), es decir, un incremento de alrededor de 400 por ciento en 11 años. Se espera que en 2022 las exportaciones de aguacate hayan representado el ingreso de más de 3 mil 300 millones de dólares, un nuevo récord.

Con esta explosión de ingresos, cuenta otro productor michoacano, cuya familia tiene una larga tradición exportadora y al que se identifica como “Juan”, quienpor seguridad pide omitir su nombre, aumentó la presión del crimen organizado hacia los productores de la región; además, añade, la corrupción hizo acto de presencia. Dos problemas que ponen en riesgo a la tercera joya agroalimentaria de México, sólo por detrás de la cerveza y el tequila.

Convivir con la violencia

Para los productores, la convivencia con el narco y el crimen organizado no es nueva, pero en los últimos años ha escalado a niveles sin precedentes cuenta el productor en una plática con La Jornada, pues relata que desde los años 90 algunos narcotrafican-tes presionaban para que les vendieran sus tierras.

Hasta ese entonces, continúa, el narcotráfico realmente no se metía fuertemente con los productores y empresarios. Sin embargo, al inicio del nuevo milenio, con la aparición de células criminales como Los Zetas la violencia escaló, y comenzaron los secuestros a empresarios aguacateros.

En ese contexto, cuenta, apareció La familia michoacana, que prometió quitar a Los Zetas y brindar “protección” a cambio de una “cooperación razonable y voluntaria”.

“En esa década de los 2000 esa organización en particular comenzó a fortalecerse en Michoacán, al grado que la cooperación ‘voluntaria’ se convirtió en obligatoria, e incluso llegaron a controlar los tiempos de cosechar y cortar el fruto, llegando a su clímax durante el gobierno de Leonel Godoy (2008-2012), pues en ese entonces tres empresas empacadoras que no se alinearon a las peticiones del crimen organizado fueron incendiadas”. De entonces a la fecha, señala, el tema de la extorsión del crimen organizado ha sido una constante, a lo cual, debido al auge del fruto gracias a sus millonarias ventas a Estados Unidos, se ha sumado el robo de camiones cargados con valor de hasta 100 mil dólares y las amenazas para que los productores vendan su tierra, pues la producción de aguacate es un negocio ideal para lavar dinero.

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, destacó que la incertidumbre en el país ante sucesos relacionados con el crimen organizado ha crecido en los últimos años, sobrepasando las medi-das asumidas, por lo que el gobierno debe tomar cartas en el asunto para que eso no afecte a la economía y a las familias.

Fruto ilegal

De manera paralela, en los últimos años los productores autorizados para exportar a Estados Unidos (que hasta este año que se incorporó Jalisco, sólo eran los de Michoacán), que deben pasar por un proceso de un año de muestreos para que su huerta pueda calificar al programa, enfrentan competencia desleal producto de la entrada de fruto ilegal, es decir, de otras entidades y sin certificar, lo que es posible por la corrupción en varios escalones de la cadena.

A inicios del año pasado, justo unos días antes del Supertazón, espectáculo que dispara los envíos de aguacate a EU, el gobierno estadunidense suspendió las revisiones de la fruta, lo que bloqueó las exportaciones, luego de que un inspector estadunidense fuera amenazado en Michoacán.

Según versiones de productores, algunos empacadores de Mi-choacán estaban comprando aguacates de otros estados no certi-ficados, haciéndolos pasar como si procedieran de Michoacán, lo cual fue detectado por el funcionario, y en un intento por amedrentarlo para no dar aviso fue amenazado.

Los inspectores agrícolas estadunidenses deben certificar que los aguacates mexicanos no transmitan enfermedades ni plagas que puedan dañar los huertos de EU.

Si bien el problema se destrabó 10 días después luego de que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) propuso la creación de la Unidad de Investigación y Seguridad para dar certeza a las inspecciones que realiza el gobierno de Estados Unidos, “Juan”, quien mantiene cercanía con la Asociación de Importadores de Aguacate Hass de México (MHAIA, por sus siglas en inglés), organismo integrado por empresas de México y EU, informó que los problemas continúan.

El productor, certificado para exportar a EU, explica que a raíz de ese problema, el gobierno de Washington impuso una serie de “candados” para controlar la exportación de aguacate legal; sin embargo, con eso surgió gente que “vende la llave para abrirlos”, es decir, hacer pasar fruta no aprobada como certificada.

Para esto, indica, debe haber contubernio entre empacadoras (que no tienen huertos, sino que los rentan o los maquilan para luego exportar) y la gente de sanidad vegetal, quienes incluso han llegado al grado de imponer fechas de cosecha y corte.

“Imagínate, el aguacate es el producto agrícola que mejor paga al productor, pues de cada dólar exportado, 75 centavos regresan; por ejemplo, las berries dejan de regreso 30 centavos de cada dólar. Esto hace al aguacate sumamente atractivo para la corrupción, pues al meter fruto ilegal más barato, las comercializadoras se van con un margen de ganancia de entre 30 y hasta 40 por ciento, en lugar de un 5 o 7 por ciento. En términos concretos, hablamos de que de los más de 3 mil millones de dólares que se exportan, entre uno y 3 por ciento se queda en la corrupción, mermando a los productores, es un problema que afecta a la par del crimen organizado”, explicó.

Datos del GCMA indican que actualmente los agricultores reciben entre 15 y 18 pesos por cada kilo de aguacate, mientras hace un año el precio se acercaba a 100.

Lo anterior, señala “Juan”, es un efecto directo de la corrupción, pues al aumentar la oferta por la fruta ilegal que ingresa al sistema, el precio disminuye: por ejemplo, si una cosecha en Uruapan cuesta 19 pesos el kilogramo, puedes ir a Nayarit, al estado de México o alguno de los otros estados que no están certificados y conseguirla en nueve pesos; posteriormente, por medio de la corrupción se introduce al sistema haciéndola pasar como de origen michoacano y el mar-gen de ganancia se dispara.

El año pasado, apunta, el gobierno estadunidense solicitó a los productores y empacadores mexicanos implementar un sistema de trazabilidad de talla internacional, de modo que no se pueda controlar a discrecionalidad la ruta, origen y cosecha de los aguacates, lo que no se ha realizado, e incluso, se sigue operando con un software “de dudosa procedencia”.