México enfrenta la necesaria tarea de reconocer y hacer todavía más efectivos los derechos de las miles de víctimas que han sido impactadas por la creciente violencia y muchas veces olvidadas por las instituciones encargadas de atender sus necesidades. Son precisamente los movimientos de víctimas y de defensa de derechos humanos quienes han impulsado el fortalecimiento y perfección de la institucionalidad dedicada a atender los estragos de un sistema violento y contrario a la protección de la dignidad humana.
Tal es el caso de la Ley General de Víctimas que dio paso al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y su respectiva institución homóloga en los estados de la República, generando así las Comisiones de Atención a Víctimas. Aunque con retos considerables, este tipo de instituciones y otras tantas que hacen parte de tales sistemas, son quienes deberían pensar ahora en procesos de largo aliento, de diálogo cercano y trabajo con todas las víctimas del país, evitando su retroceso en coyunturas sexenales y trascender la crisis de derechos humanos que tenemos en México.
Más aún, en constante diálogo con los diversos actores de la sociedad civil que desde su trabajo buscan resarcir la grave crisis democrática a la que nos referimos. Como sabemos, entre varios de los procesos generados para garantizar algunos derechos de las víctimas del pasado reciente y de las últimas décadas, el gobierno federal impulsó una estrategia de memoria y justicia, la cual incluye la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia por violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, así co-mo medios para la realización del derecho a la memoria de las y los mexicanos. Para esto último, se iniciaron trabajos para la creación de una “ley de memoria”, tanto en foros públicos de consulta como en algunas primeras reflexiones en el Congreso de la Unión.
Para crear dicha ley y asumir tal reto, como escribió en su momento don Miguel Concha en este espacio: “se requiere la participación amplia de todos los sectores involucrados, especialmente de las víctimas, si fuera el caso. y pertinencia de esta ley, deberá servir efectivamente para garantizar el derecho a la memoria de todas las víctimas y la sociedad en general” ( La Jornada, 17/12/22).
En este sentido, es urgente estimular una participación social más amplia y sustanciosa de las víctimas y la sociedad civil organizada en los foros que ahora se realizan y rescatar las ideas más sentidas, basadas en experiencias encarnadas que, de retomarse adecuadamente, puedan dar paso a una ley efectiva y cercana a la realidad que enfrentan las víctimas en este país.
Con esto, damos los primeros pasos para garantizar el derecho a la memoria de las víctimas y de la sociedad en general. Es importante recordar que este momento político de la nación, donde casi de forma inédita se intenta positivizar en el sistema jurídico local y de manera más explícita el derecho a la memoria, no se puede dejar de lado la trascendencia que tal acción del Estado implica a favor de los derechos humanos. Por ello, recuperemos lo que el mismo don Miguel Concha nos compartía a este respecto: “el derecho a la memoria no intentaría, en mi perspectiva, sólo buscar posibles responsabilidades de tipo penal para quienes son señalados como perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, sino también contribuir desde una perspectiva ética y social en la reparación de los daños, y más aún, contribuir a la transformación radical de la realidad y de las condiciones estructurales que propiciaron determinadas violencias y violaciones a los derechos humanos” ( La Jornada, 1/10/22).
Con este ánimo transformador es que vale considerar la discusión a fondo de esta posible “ley de memoria”, sin obviar los desafíos que traería la implementación de un marco legal de tal materia y envergadura. Para los meses siguientes será interesante que como sociedad intentemos conocer más sobre el desarrollo de los foros, así como una eventual discusión en el Congreso de la Unión.
Por consiguiente, es deseable que las instituciones pongan especial empeño en llegar a las personas y grupos que históricamente han sido más desfavorecidos, por tanto, menos escuchados y con alto riesgo de que sus memorias queden en el olvido.
Esperamos, además, que el Congreso de la Unión pronto asuma en su agenda legislativa la discusión de una “ley de memoria”, posterior a recoger las diversas propuestas que están siendo conjuntadas en los diversos espacios de discusión que convoca la Secretaría de Gobernación. No sólo porque esta ley está inscrita entre los diversos pilares de acción que contempla el plan presidencial sobre la verdad y justicia, así como en el decreto presidencial sobre la materia del 6 de octubre de 2021, sino porque es una deuda histórica con las víctimas de violaciones a sus derechos humanos a lo largo de las últimas décadas en México.
