Lima. El gobierno de Perú prorrogó ayer el “estado de emergencia” en 44 distritos de los centrales departamentos centrales de Huancavelica y Junín, así como en los sureños Ayacucho y Cusco, “ante la continuidad de actividades ‘terroristas’ y la comisión de otros ilícitos”, según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

“Prorrogar, por el término de 60 días, a partir del 11 de febrero al 11 de abril de 2023, el estado de emergencia en algunos distritos (de la zona centro y sur) ante la continuidad de actividades ‘terroristas’ y la comisión de otros ilícitos”, se indicó en el diario oficial.

La medida comprende varios distritos de Ayacucho, Huancavelica y Junín, entre otros, donde las fuerzas armadas podrán continuar con sus tareas dentro del área de responsabilidad del comando especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

El estado de emergencia es una medida que implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

Asimismo, dispuso que las fuerzas armadas con el apoyo de la policía nacional “asuman el control” del orden interno durante la situación.

Los distritos comprometidos pertenecen al área geopolítica conocida como VRAEM, zona convulsionada donde operan remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en actividades de apoyo al narcotráfico.

En los dos meses de manifestaciones, en las que se reclama la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente, han muerto 60 personas. Un joven de 22 años murió antier por herida de bala en enfrentamientos tras una protesta en la provincia de Aymaraes, en la región de Apurímac, ubicada a 776 kilómetros al sur de Lima.

Boluarte llegó al cargo, en su condición de vicepresidenta, tras la decisión del Congreso de destituir al ex presidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.

En reiteradas ocasiones el gobierno de Boluarte ha afirmado que en las movilizaciones que ocurren desde diciembre hay “infiltración” de “terroristas”.

La canciller Ana Cecilia Gervasi admitió, en una entrevista a principios de este mes con The New York Times, que el gobierno no cuenta con evidencia de que las manifestaciones sean impulsadas por grupos criminales, aunque insistió en que se hallarán las pruebas.

Por otra parte, la comisión permanente del Congreso aprobó el informe final presentado por la fiscal general, Patricia Benavides, en el cual recomienda acusar al destituido presidente Castillo por organización criminal y otros delitos.

En tanto, la mandataria Boluarte reconoció que su país tiene “una democracia frágil” que hay que reforzar, por lo que formuló un llamado general a superar la crisis política y social, e instó nuevamente al Congreso a que adelante las elecciones generales.