Quito. Agentes de la Fiscalía General de Ecuador allanaron ayer oficinas de la presidencia de la república, de la empresa estatal Petroecuador y los domicilios del gerente y antiguos altos funcionarios de esa entidad, como parte de una investigación por un presunto caso de corrupción.

“Los indicios levantados en el operativo de Quito serán sometidos a pericias y análisis, como parte de la indagatoria que lleva la Fiscalía de Ecuador por presuntos actos de corrupción en empresas públicas”, tuiteó la autoridad.

La Fiscalía inicialmente vinculó los allanamientos al denominado caso Encuentro, una trama de supuestas irregularidades en la asignación de nombramientos y contratos en compañías del sector eléctrico, la cual salpica a un cuñado del presidente Guillermo Lasso. Pero en un trino posterior reconoció haber transmitido por “error” información incorrecta.

“Por un error involuntario se señaló que las mencionadas diligencias son parte de una investigación abierta el 9 de enero, a partir de las publicaciones de un medio digital; sin embargo, es necesario aclarar que dicho operativo corresponde a otra pesquisa por delito de concusión”, anotó.

Precisó que los registros de ayer son parte de una carpeta abierta el 4 de agosto de 2022 en el caso Petroecuador, del que no dio más detalles.

En varios tuits acompañados de fotos, la Fiscalía expuso que las búsquedas se realizaron en las oficinas de la Subsecretaría Jurídica de la presidencia y de la gerencia y Procuraduría de Petroecuador.

Sospechosos comunes

Además, se “allanaron los domicilios de Hugo N, Ítalo N, César N y Marcos N., involucrados en esta causa”, en las que “se incautaron dispositivos de almacenamiento, computadoras portátiles, celulares y documentación”, agregó la Fiscalía.

Marcos Miranda es el subsecretario jurídico de la Presidencia, en tanto Hugo Aguiar es el actual gerente de Petroecuador. Ítalo Cedeño y César Pazmiño son ex funcionarios de la estatal petrolera, el primero era gerente y el segundo era asesor de la gerencia.

Tras la operación, la presidencia apuntó en un comunicado que “colaborará con las investigaciones”.

En otro caso de corrupción originado durante la gestión del anterior presidente, Lenín Moreno (2017–2021), el ex contralor Pablo Celi y el ex gerente de Petroecuador Pablo Flores fueron sentenciados a 160 meses de prisión al ser considerados líderes de una organización que obtenía millonarios sobornos a cambio de eliminar sanciones y gestionar planillas de pago para la empresa Nolimit, entre los años 2017 y 2020, informó la Fiscalía.

Destacó que otros dos ex funcionarios fueron sentenciados a 112 meses de cárcel, y para seis acusados más la justicia determinó una condena de siete años de prisión, mientras para una ex funcionaria la sanción fue de sólo seis meses tras las rejas, beneficiada debido a que entregó información que condujo a desentrañar esta red de corrupción.

Nolimit fue contratada para remodelar la principal refinería del país, la de Esmeraldas, y tales acciones dolosas le permitieron seguir laborando mediante nuevos contratos.