Luis Cárdenas Palomino fue encarcelado en julio de 2021 por su probable responsabilidad en el delito de tortura. Este oscuro personaje surgió de las cloacas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y fue mano derecha de Genaro García Luna, primero en ese núcleo de espionaje político, después en la Agencia Federal de Investigaciones y más adelante en la Secretaría calderonista de Seguridad Pública. Como su jefe, también fue adicto a los montajes, tanto que apareció en el realizado por Carlos Loret de Mola en el rancho Las Chinitas, allá por diciembre de 2005. Una joya, pues.

En las tres etapas de su carrera como “servidor público”, su jefe mayor (como el del propio García Luna) fue Eduardo Medina Mora, designado (sorpresivamente, por carecer de experiencia y venir del sector empresarial) por Vicente Fox como director del Cisen en 2000-2005, y Secretario de Seguridad Pública en 2005-2006; y, ya con Felipe Calderón, Procurador General de la República (2006-2009), y como titular de ésta “ordenó levantar el aseguramiento de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari, que sumaban más de 73 millones de dólares” ( La Jornada, Eduardo Murillo, Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez).

Pues bien, sirva el contexto para intentar dilucidar cómo fue que Cárdenas Palomino obtuvo un amparo de los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, para desbloquear sus cuentas bancarias (mismas que utilizaba para operaciones con recursos de procedencia ilícita), congeladas como parte de la investigación en su contra.

¿Con base en qué criterio jurídico los magistrados procedieron en ese sentido? Sencillo: una jurisprudencia elaborada, en su momento, por (¡sorpresa!) Eduardo Medina Mora, (ex) ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (propuesto por Enrique Peña Nieto), aprobada por la segunda sala “y que no todos los jueces aplican a ciegas”, de acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. Se trata, detalló, de “un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, para proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, todo ese tipo de cosas que hemos tenido”. Entonces, lo que el gobierno hace “es cumplir con la ley y uno de los instrumentos es el bloqueo de las cuentas, que es de tipo preventivo; esto se hace ahora junto con la presentación de denuncias”.

La Jornada del 4 de octubre de 2019 detalló que Medina Mora “renunció sorpresivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin dar a conocer sus motivos, y en medio de versiones en el Poder Judicial que relacionan su dimisión con algunos fallos que beneficiaron a grupos políticos de administraciones anteriores …Fuentes del gobierno federal afirmaron que es investigado por sus manejos financieros. Su última resolución fue otorgar al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ( El Bronco), la suspensión de las sanciones que le impuso el Congreso de Nuevo León por desviar recursos del erario para financiar su fallida campaña a la Presidencia de la República”.

Y la perla: “apenas en junio pasado se aprobó un proyecto de sentencia de Medina Mora que declaró inconstitucional el artículo 142 fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, prohibiendo al Ministerio Público intervenir cuentas bancarias sin una orden judicial. Fuentes del gobierno federal afirmaron que antes de la decisión de la Corte buscaron reunirse con el ministro para exponerle que esta decisión haría que se cayeran varios casos de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, Medina Mora respondió que no tenía tiempo para atenderlos. Según las fuentes, la resolución elaborada por Medina Mora permitió desbloquear decenas de cuentas congeladas, lo que ha sido usado por narcotraficantes y políticos acusados de corrupción, así como tratantes de personas”.

En efecto, al día siguiente la UIF denunció: “2 mil millones de pesos de recursos de personas que enfrentan procesos por trata, narcotráfico y corrupción fueron desbloqueados en los pasados cuatro meses y devueltos a los acusados a partir de una decisión jurídica de Eduardo Medina Mora”, por lo que este oscuro personaje “fue demandado por lavado de dinero y triangulación de recursos”. Además, protegía “a personas o grupos relacionados con el gobierno anterior”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, cuántas “casualidades” en un “poder independiente” (Norma Piña dixit) que se cree intocable.

Twitter: @cafevega