El gobierno de México identificó “una red de corrupción y lavado de dinero” tejida por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “para beneficio personal y de socios cercanos”, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez.

Expuso que, mediante triangulaciones en Barbados, un paraíso fiscal, el ex funcionario movió recursos ilícitos al menos por 745.9 millones de dólares a Florida.

Las operaciones se hicieron visibles como parte del proceso judicial que emprendió el gobierno mexicano contra García Luna en un juzgado de Florida, informó Gómez en la conferencia presidencial de ayer.

Detalló que en paralelo hay procesos legales abiertos en México contra el ex secretario “por corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero”, pues a lo largo de 20 años creó un conglomerado de empresas familiares.

El expediente para promover el juicio en Florida cita a un “conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países y obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos”.

La cantidad de los desvíos aún es parcial, pues sigue la investigación, informó Gómez.

Lavado con inmuebles, carros, yates...

Explicó que con esos recursos García Luna se hizo de bienes muebles e inmuebles, carros de lujo y yates para revenderlos, en una operación de lavado de dinero.

La punta de la hebra surgió en una transferencia a García Luna desde una de sus empresas en Miami, por 10 millones de dólares, señaló el funcionario.

Gómez expuso que el Estado ya vendió muchos de los vehículos de lujo de marcas como Ferrari, Rolls Royce, Audi, Lamborghini, Maserati y Cadillac, pero quedaron integrados al juicio como parte de operaciones de lavado de dinero. Igual ocurre con propiedades, sobre todo departamentos.

La investigación de la UIF enlistó contratos desde 2009 –en el sexenio de Felipe Calderón, cuando García Luna se encumbró como hombre fuerte– hasta 2018.

Casi la mitad de estos contratos, 14, se realizaron con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por 256.7 millones de dólares, de los cuales 170.9 millones fueron para “adquisición y configuración de comunicación”.

Por la recuperación de activos

Gómez informó que en México la UIF sólo ha podido bloquear cuentas a García Luna por 29.9 millones de pesos, en virtud de que esta trama tenía como eje trasladar el dinero al extranjero en la ruta referida.

Precisó que el juicio en el condado de Dade, en el sur de Florida, pretende la recuperación de los activos adquiridos con recursos extraídos del erario mexicano, que actualmente se encuentran en Estados Unidos y, con ello, resarcir el daño provocado al país.

Este proceso civil es distinto del juicio que enfrenta García Luna en Nueva York, en el que está inculpado, entre otros cargos, de vinculación con la delincuencia organizada.

Además del ex secretario, el proceso civil involucra a sus empresas y sus socios. Las otras personas denunciadas en la demanda son Linda Cristina Pereyra de García Luna (esposa), Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Hay 44 compañías identificadas

El titular de la UIF resaltó que las personas y empresas denunciadas “usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México. Se llegó incluso al extremo de que al Gobierno de la Ciudad de México le cobraron una cantidad relevante por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás. Esto también ha sido denunciado ya por las autoridades de la ciudad”.