El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que el plan B de la reforma electoral impone “nuevos obstáculos” a la representación de grupos vulnerables (acciones afirmativas) al imponer límites en los cargos de representación popular, por lo que afectaría, por ejemplo, la postulación de integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, la población afromexicana e indígena, personas con discapacidad, migrantes y residentes en el extranjero.

Tanto en información oficial del INE como en entrevistas y discursos de consejeros, el organismo afirma que la nueva regulación transgrede el principio de progresividad y no discriminación definido en el artículo primero constitucional.

Agrega que en el plan B “se establecen restricciones excesivas y limitantes que revierten los avances logrados en materia de paridad y acciones afirmativas. La inclusión de estas reglas inhabilita la posibilidad de que los grupos en situación de discriminación accedan a cargos legislativos o, de lograrlo, se tengan que sujetar a decisiones cupulares partidarias y no a normas precisas”.

El INE recalcó que la propuesta de reforma –cuyo proceso legislativo está a días de concluir– indica que los partidos políticos nacionales deberán incluir en sus candidaturas a diputaciones por ambos principios al menos 25 integrantes de los grupos señalados.

De la lectura de esta disposición, añade el organismo, se puede concluir que el número de posibles postulaciones (al menos 25) sería menor al que tuvo lugar en el proceso federal 2020-2021, por el cual llegaron al Congreso 65 personas de los grupos en referencia.

La consejera Carla Humphrey advirtió que “estamos ante un riesgo inminente de un retroceso en los derechos humanos, los derechos político-electorales (y) el derecho de participación política de las personas en situación de discriminación”.

Añadió que los 25 espacios planteados no tienen análisis argumentativo del porqué de esa cantidad, que no alcanza para avanzar en la representación política y los accesos al escenario público de grupos que de por sí ya están en desventaja.

En tanto, el consejo general del INE se alista para aprobar la procedencia constitucional de los cambios estatutarios del PRI en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y los criterios para postular 50 por ciento de candidatas, luego de que fueron avalados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Esta comisión dio al PRI seis meses para actualizar sus reglamentos y protocolos en congruencia con los cambios a sus estatutos, y le ordenó modificar su declaración de principios y programa de acción en las mismas áreas a más tardar el 31 de mayo entrante.