Morelia, Mich. La magistrada Laura Alanís negó el recurso de apelación a la familia de Frida Santamaría -asesinada con arma de fuego a quemarropa por su ex novio Juan Paulo N- ya que no encontró motivos para remover al juez Armando Pérez Gálvez, titular de la Tercera Sala del Poder Judicial, a quien se le designó para revisar la apelación por el procedimiento abreviado en contra del presunto homicida.
Los padres de la víctima, Eduardo Santamaría y Patricia García se inconformaron por el nombramiento de Pérez Galván, que será responsable de atender el caso, porque, sostuvieron el acusado es persona cercana al juez, lo que seguramente ratificará el mismo fallo que dejó en libertad al presunto feminicida.
De acuerdo con testigos, Juan Paulo N, ultimó de un balazo a su entonces novia Frida, de 24 años, durante una fiesta en la ciudad de Sahuayo, Michoacán, el 18 de junio de 2022. Luego de ser detenido, el togado responsable del caso reclasificó el delito de feminicidio por el de homicidio culposo y el pasado 24 de enero el acusado salió de la cárcel para enfrentar en libertad el proceso penal.
Los abogados de la familia de la joven ultimada les dijeron que no hay conflictos de intereses ni se puede demostrar la amistad del juez con el inculpado.
El presunto agresor es hijo del ex alcalde priísta de Sahuayo, Alejandro Amezcua y es cuñado de Alfredo Anaya Orozco, ex diputado federal del mismo partido político. En tanto, los familiares de Frida Santamaría buscarán ahora un recurso de amparo, pues siguen convencidos que hay conflictos de interés y tráfico de influencias.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que el pasado 19 de enero recibió una queja porque el juez Mario Sotelo Rodríguez reclasificó el delito de feminicidio a homicidio culposo, por lo cual realizará una investigación. Además, señaló que desde el inicio la fiscalía regional de Jiquilpan y el Ministerio Público actuaron de manera arbitraria.
En Michoacán, se han cometido más de mil 200 crímenes de mujeres en los últimos cinco años, de los cuales 120 casos fueron clasificados como feminicidios y del total se han resuelto 30 por ciento, aproximadamente, informó la fiscalía estatal.