En la corrupta danza de los millones de García Luna, y sin olvidar el apotegma de la magistrada presidenta (respetar “la independencia” del Poder Judicial), surgen dos informaciones igual de asociadas que de puntuales: una, que, junto con un “conglomerado familiar”, el ex secretario calderonista de Seguridad Pública logró “extraer recursos públicos por 745.9 millones de dólares”, y dos, que la lucrativa industria del amparo que maneja ese poder “independiente” protege a los delincuentes de altos vuelos.

En la mañanera de ayer, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), documentó: “durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo su auspicio, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado”.

Tales beneficios “fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio estadunidense, en Florida. El gobierno de México, por conducto de la UIF, identificó la red de corrupción de García Luna… En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del undécimo circuito judicial del condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado con la intención de resarcir el daño generado a nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Nueva York”.

Divulgado lo anterior, no faltará gritón que reclame que en esto “tampoco hay pruebas”, pero lo denunciado por Pablo Gómez está puntualmente documentado. De hecho, los denunciados son García Luna y su esposa, más integrantes de las familias Weinberg, Pinto, Wancier, Niembro y Guerrero. “Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción… El grupo empresarial tiene su sede en Estados Unidos y fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas las contrataciones que resultaron ilícitas durante los 20 años en los que fue servidor público (periodo que involucra a los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto) y durante los seis años posteriores”

Veinte años como “servidor” público y ¿nadie en la UIF se dio cuenta? (versión oficial). Al frente de Unidad (creada en 2004) estuvieron Concepción Patiño, Agustín Acosta (tinterillo de Germán Larrea), Luis Urrutia, José Alberto Balbuena, Alberto Bazbaz y Orlando Suárez (en la 4T, Santiago Nieto y Pablo Gómez) y todos, como Calderón, repiten: “nunca vimos ni supimos nada”.

Algo más, siempre bajo el apotegma de la ministra presidenta Piña (“la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia…”): Pablo Gómez dio a conocer que Luis Cárdenas Palomino (uno de los principales operadores de García Luna, hoy preso) recibió “la protección y el amparo de la justicia” para desbloquear sus cuentas bancarias, que utilizaba para operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Quiénes fueron los “socorristas”? Los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, integrantes del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito.

Entonces, unos los persiguen y encarcelan, mientras los “independientes” hacen exactamente lo contrario. Oda a la corrupción.

Las rebanadas del pastel

El Banco de México aumentó a 11 por ciento su tasa de referencia (la mas alta en 15 años), como parte de su “estrategia” para contener la inflación, lo que no ha sucedido. En cambio, sí aumenta sustancialmente el costo del servicio de la deuda pública y privada, y martiriza a los usuarios de la banca.

Twitter: @cafevega