Entre los contratos que la administración capitalina anterior suscribió con empresas de Genaro García Luna, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) encontró irregularidades como que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) adjudicó de manera directa en 2016 a Glac Security Consulting, Technology, Risk Management SC un contrato por 31 millones 320 mil pesos para realizar un diagnóstico de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro (FAS).
La auditoría financiera que el órgano realizó a la dependencia encontró que la empresa no cumplió con la obligación de entregar, a la firma del contrato, una póliza de responsabilidad civil vigente, y pese a no contar con la totalidad de la documentación legal y administrativa del prestador de servicios, el contrato se firmó.
Además, durante la vigencia del contrato, la PGJ no realizó visitas de comprobación de la prestación y calidad del servicio, pese a que la empresa de García Luna tuvo acceso a información “sensible y de alto impacto”.
A partir del juicio civil iniciado por el gobierno de México por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra García Luna en el estado de Florida, trascendió que la PGJ habría suscrito varios contratos más con Glac Security Consulting durante la gestión de Rodolfo Ríos Garza y Edmundo Garrido Osorio en la dependencia, durante el sexenio pasado.
En el caso del contrato auditado por la ASCM, la procuraduría justificó la necesidad de contratar el servicio para evaluar a la citada fiscalía, identificada como Fuerza Antisecuestro (FAS), a partir de los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en materia de combate a ese delito, con recursos de la partida denominada Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos e Integrales y Otros.
Proveedor exclusivo
Refiere que se cotizó el servicio con la empresa Glac Security Consulting “en carácter de proveedor único o exclusividad”, y el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizó la contratación por adjudicación directa, y el 10 de octubre de 2016 se firmó el contrato PGJDF-131/2016 por un monto de 31 millones 320 mil pesos, y se liberó el pago el 14 de febrero del año siguiente.
La ASCM determinó en su revisión que además de que la dependencia no aseguró que la empresa entregara la totalidad de documentación requerida, tampoco constató la calidad y cumplimiento del servicio, toda vez que la Oficialía Mayor de la dependencia no proporcionó evidencia documental de que se realizaron visitas de comprobación durante la vigencia del contrato, que el mismo órgano auxiliar de auditoría del Congreso de la Ciudad de México le había requerido.
La PGJ pretendió justificar la omisión al señalar que “en virtud de la delicadeza del tema y la información, no es dable dejar evidencia física de las visitas que se realizan para la comprobación de la prestación del servicio, ya que por su propia naturaleza, la información es clasificada como sensible y de alto impacto”. Con dicha respuesta, la ASCM no consideró solventada la irregularidad.
