Algo grave debió pasar entre Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, y el Congreso del estado como para que su mayoría legislativa (PRI-PAN, fundamentalmente) decidiera someterlo a juicio político. Vale la pena hacer una suerte de cronología, así sea mínima, de esta relación para juzgar mejor la crisis política protagonizada entre el Ejecutivo y el Legistativo.

2021. En las elecciones de ese año el partido Movimiento Ciudadano (MC) obtuvo triunfos para los candidatos que postuló: gobernador, diputados (seis curules) y ayuntamientos (ocho municipios).

La mayoría bipartita (PRI-PAN) aprobó un cambio a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León antes de que Samuel García Sepúlveda asumiera como gobernador. Esta reforma le permitió reorganizar la administración pública de la entidad.

Pronto, ya en el puesto el gobernador García, MC logra atraer a una diputada morenista. El partido Morena no se queja.

En septiembre, MC suma un diputado más del Verde Ecologista. El partido no se queja.

En noviembre, el gobernador García Sepúlveda envía en tiempo y forma su iniciativa de presupuesto al Congreso. Le es aprobado.

2022. El gobernador García anuncia que enviará al Congreso una iniciativa para crear una “nueva Constitución” del estado.

Para mayo, MC pasa a tener 22 alcaldías cuando sólo había conquistado ocho en las urnas. El titular del Ejecutivo declara que su propósito es tener mayoría en el Congreso.

Más cuadros y líderes de otros partidos se incorporan a MC. El PAN acusa al gobernador de usar el presupuesto con propósitos partidistas.

Crecen los feminicidos en Nuevo León y ello provoca indignación social. Sobre el problema cruzan agrias acusaciones a través de las redes sociales el gobernador Samuel García y el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.

La diputación emecista pide que sea retirado de su cargo Carlos de la Fuente, diputado panista –responsable de la Comisión de Coordinación Política Interna– acusado de corrupción.

Firman la Ley de Coordinación Metropolitana el gobernador y un buen número de alcaldes. Entre sus cláusulas estaba la de crear el fondo ­metropolitano.

También en junio, Zeferino Salgado, ex alcalde de San Nicolás y uno de los actuales líderes del PAN, responde al gobernador García que se dedique a resolver problemas críticos de Nuevo León, como el agua y la seguridad, y que deje de utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria para atacar a los que no están de acuerdo con él.

MC pide renuncia del fiscal anticorrupción.

La mayoría bipartita en el Congreso procedió a discutir (en fast track) y aprobar el proyecto de la nueva Constitución del gobernador García. Éste declaró tener deuda con el PRI y el PAN.

Al mes siguiente, el conflicto entre García Sepúlveda y el fiscal Guerrero desembocó en la renuncia de este ­último.

A la renuncia del anterior fiscal, el PRI incluyó en la terna para nombrar al sustituto del anterior fiscal a Adrián de la Garza, ex alcalde de Monterrey y el rival más cercano de García en la ­disputa por la gobernatura. El gobernador veta esa inclusión

Se presenta una iniciativa ciudadana pidiendo que se proceda a someter al gobernador y a 15 funcionarios más a juicio político. El expediente desaparece de la Oficialía Mayor del Congreso.

El gobernador García hace entrega de la iniciativa con proyecto de ingresos para el ejercicio fiscal de 2023, pero no entregó la correspondiente al Presupuesto de Egresos. Al cabo señaló que haría uso del mismo presupuesto de 2022.

El Congreso aprobó la Ley de Egresos; a su presentación se enteran los diputados que no puede ser publicada en el Periódico Oficial por estar cerrado.

El gobernador García y la bancada de MC presentaron una denuncia penal contra los señalados como responsables ante la Fiscalía General de la República por no respetar su derecho de veto en la terna para nombrar fiscal.

Por las mismas fechas, los líderes estatales del PRI y del PAN presentaron una denuncia en contra del gobernador García por el delito de abandono de funciones.

2023. El año comienza con el Periódico Oficial cerrado y así se mantiene una semana más. Después de 50 días, el gobernador entrega el presupuesto. Es aprobado. En su estructura se acuerda una bolsa para municipios, lo relacionado a la deuda pública y nuevos derechos.

El gobernador publica el reglamento para acceder a la bolsa de municipios.

El Congreso local entabló juicio político contra el secretario general de gobierno por no publicar numerosos decretos en el Periódico Oficial.

A iniciativa del PRI y el PAN el Congreso, a través de la Comisión Anticorrupción, acordó iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García por no presentar a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023 e incumplir con la publicación de numerosos decretos. Se estableció el 10 de febrero para que el mandatario comparezca ante el Congreso por las omisiones que cometió. Él señaló que no lo hará.

El presidente López Obrador manifestó su respaldo al gobernador y consideró que está siendo víctima de chantaje y presión por parte de sus adversarios políticos.

El comentario puede limitarse a un juicio: los actores políticos muestran en la disputa que su motivación es la defensa de intereses de poder y dinero, no en función de los gobernados, sino de privilegios personales y de grupo.