Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes rechazaron que las autoridades del estado de Nuevo León reduzcan a “accidente automovilístico” la causa por la cual fallecieron 14 personas, al menos, 5 de ellas migrantes de origen guatemalteco, cuyos cuerpos fueron hallados ayer en un canal de riego en el municipio de Pesquería, donde también se localizó una camioneta volcada.

Demandaron que se lleve a cabo una investigación efectiva de los hechos, estableciendo las circunstancias y responsabilidades, "haciendo partícipes a las familias en los procesos de verdad, justicia y reparación".

En un pronunciamiento, Fundación para la Justicia, Sin Fronteras IAP, Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados, Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras, manifestaron que estos “accidentes” no pueden llamarse así, “cuando sabemos que detrás de ellos hay negligencia y políticas migratorias que orillan a las personas migrantes a trasladarse por rutas inseguras y recurriendo a ‘polleros’ que los exponen a la muerte en vehículos en malas condiciones”.

Exigieron que los procesos de identificación y restitución de cuerpos de las personas fallecidas se lleven a cabo de manera digna y humana, en apego a los estándares internacionales y aplicando en lo conducente, el protocolo de notificación y restitución de restos de la Comisión Forense.

Asimismo, pidieron que se cubran los gastos funerarios y otros, que requieran las familias para dar sepultura a las víctimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, así como que se garantice el acceso a la justicia mediante mecanismos transnacionales, en el caso de que las víctimas directas e indirectas se encuentren fuera del país.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le demandaron que dicte medidas a todas las autoridades responsables, para que se garantice lo solicitado y funja como institución vigilante de que no se violen los derechos humanos de las familias.

En tanto que las organización pidieron a la Procuraduría de Protección a la Infancia que intervenga en los casos que involucren niñas, niños y adolescentes para determinar su interés superior, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le solicitaron que garantice efectiva coordinación con los países de origen.