El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe de la Mata Pizaña advirtió la necesidad de evaluar la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, para conocer su impacto en la vida cotidiana de las personas, incluido el respeto a los derechos políticos.

El país está en un momento clave, momento en que ningún operador jurídico puede permanecer ajeno a este punto de inflexión, señaló durante la presentación del libro Once años de un nuevo paradigma de derechos humanos para México. Reflexiones interdisciplinarias sobre la reforma constitucional de 2011.

Añadió que fue el propio Estado mexicano el que de manera voluntaria suscribió la Convención Americana, reconoció sus obligaciones de convencionalidad y admitió la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Precisamente la noción primigenia de Constitución significa restricciones al poder estatal. Así, es lícito que órganos de justicia nacionales e internacionales limiten el poder de un Estado”, dijo.

En la presentación de la obra, Carla Humphrey, consejera del INE, abordó otra arista y llamó a autoridades electorales y jurisdiccionales a hacer un estudio “acrítico y analítico” de la reciente reforma electoral, conocido como plan B, “porque en esta polarización de ‘o todo es bueno o todo es malo’ no estamos generando un análisis serio de los efectos” de la reforma.

Recalcó: ¿Qué quiere decir el plan B? ¿Adónde va? ¿Cuáles son sus consecuencias? El tema está tan polarizado que no podemos ver las cuestiones que van a beneficiar al sistema electoral en conjunto y cuáles de verdad pueden dañarlo.

“Creo que no hay un justo medio que estudie propositivamente y con toda minuciosidad el efecto de esta reforma. Y lo vamos a tener que hacer, así que (a) hacerlo de manera analítica y acrítica, porque en esta polarización no estamos generando un análisis serio”, consideró.