Al presentar de manera oficial su convocatoria para que sobrevivientes y testigos de violaciones graves a derechos humanos en el periodo conocido como la guerra sucia puedan dar su testimonio, la Comisión para el Acceso a la Verdad de los abusos cometidos de 1965 a 1990 llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a que trabaje “más y mejor” con esta instancia y con la Secretaría de Gobernación.
Carlos Pérez Ricart, integrante del citado mecanismo, expuso que el diálogo con la FGR “ha sido muy difícil”, y mientras que hace un año tenía 13 agentes del Ministerio Púbico trabajando sobre el tema de la guerra sucia, actualmente sólo tiene dos.
Insistió en que es necesario que la fiscalía trabaje de manera más coordinada con la Comisión para el Acceso a la Verdad y con Gobernación “en torno a la búsqueda de la justicia que necesitan y ameritan las víctimas”.
En conferencia, aunque los integrantes del mecanismo reconocieron que aún no pueden hablar de un universo total de víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, refirieron que la desaparición forzada de personas “está alrededor de mil”. Ello “significa que hay por lo menos tres o cuatro veces más personas que sufrieron esto, los familiares directos”, dijo Eugenia Allier.
David Fernández Dávalos indicó que a estos casos se suman alrededor de 800 asesinatos de personas relacionadas con el extinto Frente Democrático Nacional. Asimismo, dijo que han empezado a documentar otras matanzas, “por ejemplo, masacres en la sierra norte de Puebla o en Hidalgo”, cada una con alrededor de 300 asesinatos.
Sobre la convocatoria, Pérez Ricart expuso que en este proceso pueden participar todas aquellas personas sobrevivientes y familiares de víctimas o testigos de actos violentos perpetrados por el Estado mexicano, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, entre otros.
Explicó que entre las víctimas de estos hechos, además de las asociadas a organizaciones disidentes y político-militares, están las de la comunidad de la diversidad sexual, trabajadores sexuales y mujeres que abortaron.
Mencionó que este proceso igualmente está abierto a perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el Ejército.
Fernández Dávalos explicó que una hipótesis que están buscando demostrar es que durante los años 50, 60 y 70 principalmente, los organismos de seguridad del Estado hacían tres cosas: ofrecer seguridad política al Estado, es decir, castigar y aniquilar a organizaciones disidentes político-partidarias y político-militares; administrar el crimen y legitimar disciplinando a las disidencias.
Los comisionados puntualizaron que garantizarán que la toma de testimonios sea profesional y salvaguardando la identidad de la víctima, incluso algunos podrán ser anónimos. Para poder llegar a la mayor cantidad posible, que esperan sean por lo menos 3 mil, acudirán a diferentes estados.
