Ciudad de México. Las autoridades electorales no son las responsables de la seguridad en las contiendas, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al señalar que tampoco es papel de los organizadores de elecciones hacer mapas de riesgo.

También dijo que el filtro para evitar la postulación de personas relacionadas con el crimen son los partidos políticos, no el INE.

“No se trata de lavarse las manos, sino de asumir que tenemos un problema grave, que si se sigue menospreciando puede acabarnos desbordando y volver nuestra convivencia democrática una quimera”, señaló durante un seminario realizado en El Colegio de México.

En la mesa compartida con los responsables de las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila fue presentado un protocolo con recomendaciones para la seguridad de las personas candidatas que contenderán este año, tomando como antecedente que en el proceso 2020-2021 la consultora Etellekt contabilizó mil 066 agresiones a políticos en 570 municipios, y 102 políticos asesinados, cuyo móvil principal no es el crimen organizado sino una señal de "disputa violenta por el poder".

En su turno, Córdova dijo que si bien en recientes procesos electorales ha habido asesinatos de candidatos, aparentemente por la ley “de plata y plomo”, es necesario que el Estado haga un diagnóstico integral sobre las causas de esta interferencia del crimen.

“Sí falta una estrategia del Estado mexicano que genere, por un lado, diagnósticos precisos de este tema, que nos van a permitir saber si lo que hoy es una especulación tiene o no fundamento y qué grado de preocupación debe implicar”.

Argumentó los límites del INE en esta materia a través de dos premisas: hacerse cargo de la seguridad y/o hacer mapas de riesgo (como le ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la reciente elección en Tamaulipas) pondría en un serio riesgo a todo el personal de los institutos electorales.

Y, segundo, el organismo a su cargo no tiene ni el conocimiento técnico ni las atribuciones para hacer labores de seguridad.

Por tanto, aun si una amenaza involucrara a un candidato, las autoridades electorales no pueden ni deben hacerse cargo de la protección del contendiente.

Subrayó que sus comentarios no tiene que ver con “lavarse las manos” sino deslindar responsabilidades “y entender que este es un fenómeno que solamente se puede enfrentar de manera colectiva”, más por el alto grado de impunidad en el país.

Durante el seminario Violencia y Paz, en la mesa elecciones y violencia criminal, recalcó que en un periodo durante el cual se ha incrementado la inseguridad en México, de 2014 a la fecha no se ha registrado ningún conflicto postelectoral.

Indicó además que los aspectos vinculados a presuntos delitos tampoco deben ser utilizado por instancias gubernamentales y de seguridad pública para tratar de incidir en la política.

Ahí citó el caso del desafuero, como el “caso más abusivo de nuestra historia” a través del cual el gobierno federal pretendía anular por esa vía la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, consideró, el combate a la violencia no puede convertirse en un pretexto para alterar la lógica del funcionamiento de la democracia.