Santiago. Los incendios forestales en el centro-sur de Chile, con más de 80 focos activos, continúan sin dar tregua y sólo en febrero suman 217 mil las hectáreas quemadas del total de 250 mil desde el año pasado, prevaleciendo la incertidumbre de cuándo podrá ser controlada la emergencia, pues no bien se aplacan algunos fuegos, rápidamente se inician otros.

De momento hay 26 víctimas fatales, 3 mil 300 lesionados, mil 800 damnificados, mil 500 viviendas y 14 escuelas rurales destruidas y 145 torres de telecomunicaciones inhabilitadas, entre otros daños.

Las comunidades próximas a las conflagraciones están en permanente estado de tensión y de angustia, pendientes de los mensajes de alarma en sus celulares para que evacúen de inmediato; sólo durante la tarde del martes se habían emitido más de 20 y hay decenas de municipios con “alerta roja”.

Para dimensionar la magnitud de la crisis, en la “temporada” de siniestros que va del 1º de julio de cada año hasta el 30 de junio del siguiente, en 2020/21 se quemaron 35 mil 600 hectáreas, y el promedio anual del último quinquenio fue de 39 mil.

Una situación peor a la actual se remonta a 2017, cuando en tres semanas desde mediados de enero, en lo que fue descrito como una “tormenta de fuego” por su intensidad y velocidad de propagación, se perdieron 500 mil hectáreas de plantaciones forestales, bosque nativo y praderas agrícolas.

El humo y las cenizas cubren las zonas arrasadas e incluso la humareda llegó a la capital, 600 kilómetros al norte; los servicios de salud advierten los riesgos que ello implica para el desarrollo de enfermedades broncopulmonares e instan a no exponerse.

La mano humana como responsable de la tragedia está fuera de discusión y alcanza a 96 por ciento de los casos, según los expertos, en una combinación de piromanía, maldad y negligencia. Hay 15 detenidos por su presunta responsabilidad, incluso hubo quienes fueron sorprendidos con recipientes llenos de combustible en pleno bosque. El gobierno ha prometido perseguir las máximas sanciones penales, que van desde los cinco hasta los 20 años de presidio si se prueba la premeditación.

Si bien por momentos las cosas parecen mejorar –las temperaturas disminuyeron cinco o seis grados desde los casi 42 centígrados de la semana pasada, o porque llegó un avión DC-10 cisterna capaz de lanzar 36 mil litros de agua en una pasada y a cuyas capacidades operativas y pericia de la tripulación los chilenos han puesto una esperanza casi religiosa, tanto que la televisión sigue en vivo sus desplazamientos, descargas y recargas mientras las gentes se aglomeran para aplaudirlo–, lo cierto es que arreciará otra “ola de calor” que se extenderá desde el centro-sur hasta Santiago, lo cual ha hecho que se emitan alertas.

Pillaje y saqueo en zonas afectadas

Las personas que perdieron sus bienes, además de requerir ayuda humanitaria, temen por el pillaje y el saqueo, denuncian la presencia de delincuentes hurgando entre los restos o bien robándose los animales sobrevivientes; en tanto, algunos alcaldes de las comunidades arrasadas están solicitando que se aplique el toque de queda, pues el estado de excepción de catástrofe y el despliegue de militares resultaría insuficiente para brindar seguridad.

Ha llegado socorro internacional, incluidos 150 brigadistas mexicanos, también de Argentina y España, y se esperan más.