Juliaca. Las protestas y los bloqueos de carreteras en los Andes meridionales de Perú se han intensificado ante la ausencia de un consenso en el Congreso para adelantar las elecciones generales, con disturbios que han paralizado gran parte de una región rica en cobre y en sitios arqueológicos incas como Machu Picchu.

Los legisladores han rechazado múltiples proyectos de ley para adelantar los comicios, exigencia clave de los manifestantes, incluida una propuesta de la presidenta Dina Boluarte que fue archivada el pasado viernes.

Las protestas han paralizado al país andino, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que han dejado al menos 58 muertos. La peor ola de violencia en Perú en dos décadas amenaza con desestabilizar una de las economías más fiables de la región.

La agencia de noticias Reuters habló el lunes con decenas de manifestantes en múltiples bloqueos carreteros del sur, algunos ocupados por un puñado de personas y otros por decenas, quienes no ven otra solución a la crisis que las protestas hasta que se logre un acuerdo para celebrar elecciones este año.

El Congreso está sumamente fragmentado. Tiene 13 bloques, originados en parte por las normas que permiten a un grupo de cinco legisladores crear fácilmente uno nuevo. Los dos partidos mayoritarios tienen sólo 24 y 15 escaños, respectivamente, lo que dificulta alcanzar las mayorías necesarias para legislar.

Adelma Quispe, manifestante de la ciudad sureña Ayavire, aseguró que las protestas se habrían calmado si hubiera habido un acuerdo para llamar a elecciones anticipadas.

“Pero ahora no”, afirmó Quispe, de pie detrás de un bloqueo de piedras, banderas peruanas y más de 20 manifestantes a la salida de Ayavire. “Nosotros vamos a luchar hasta lo último”, agregó, y añadió que el cierre de carreteras continuará hasta que Boluarte dimita, se convoque a comicios y se celebre un referendo para una nueva Constitución.

Perú, segundo productor mundial de cobre, se ha visto sacudido por la agitación social desde la destitución, el pasado 7 de diciembre, del ex presidente Pedro Castillo. La mayoría de las muertes de manifestantes en choques con las fuerzas de seguridad se produjeron en sectores rurales del sur, empobrecidos a pesar a las abundantes reservas de minerales.

“Queremos que se denuncie tantos hermanos que han matado”, sostuvo Leonardo Zamata, otro manifestante que bloqueaba la entrada a Humachiri, pueblo ubicado cerca de la ciudad sureña Juliaca. “¿Acaso creen que no nos va a doler? Han matado a los más humildes”, subrayó.

Zamata advirtió que su pueblo no levantará el bloqueo hasta que haya elecciones. Él, Quispe y otros inconformes aseguran que han reunido dinero para enviar gente a protestar a Lima, porque ellos se dedican a mantener los bloqueos en sus pueblos.

En toda la región, los manifestantes aseguran que pueden sobrevivir con los cultivos y el ganado locales, y aguantar más que la capital, hasta que se atiendan sus demandas.

En tanto, Pedro Castillo afirmó en entrevista para el diario español El Salto que aún se considera presidente de Perú, a la vez que calificó de “genocida” y “dictador” al actual gobierno de Boluarte, y al condenar la represión en las protestas sentenció: “el uso desmedido de la fuerza no es lo único que está ocurriendo. Es masacre. Están matando a mis compatriotas; a hermanos con quienes recorrí Arequipa, Cusco, Ayacucho... Sí, creo que el Perú vive terrorismo de Estado por este gobierno”.

Sentencian a 4 años de cárcel a líder de izquierda

La justicia condenó a cuatro años de cárcel al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por la comisión de un delito de colusión en agravio del Estado.

En la sentencia se estableció que el líder del partido de izquierda que llevó a la presidencia al destituido y encarcelado Pedro Castillo permitió la construcción de un aeródromo en la ciudad de Orcotuna, cuando a pocos kilómetros se contaba ya con un aeropuerto.

El proyecto, según el juzgado de primaria instancia que condenó a Cerrón, no contaba con una justificación para llevarse a cabo.

La condena debe ser ratificada por una sala superior para que Cerrón sea trasladado de manera definitiva a prisión.