Ciudad de México. Integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, organización que acompaña el caso de Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y de Gustavo Robles López que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pidieron al Poder Legislativo que avance en la reforma para eliminar el arraigo y acotar la prisión preventiva, como lo señala la sentencia que emitió este tribunal el 27 de enero pasado.

En un conversatorio en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, fray Julián Cruzalta, asesor de la citada Red, manifestó que dicha figuras “son mecanismos que siguen dañando a muchas personas” y es obligación del Estado acatar lo que dice la Corte.

Cabe recordar que Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López fueron detenidos en enero de 2006 por policías federales en la carretera México-Veracruz, estuvieron arraigados por más de tres meses y en prisión preventiva por aproximadamente dos años y medio, siendo absueltos en 2008.

Cruzalta señaló que para las víctimas es importante que no se repitan actos como los que sufrieron hace 17 años, por lo que es necesario que se realicen reformas a la Constitución.

Asimismo, calificó como “desafortunadas” las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien el fin de semana pasado, al referirse a la sentencia de la CoIDH, en específico a la figura de prisión preventiva oficiosa, dijo que “no puede haber ninguna Corte por más interamericana que sea, que cometa ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución”.

Por su parte, Antonio Salcedo Flores, académico del Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco, destacó que la sentencia de la CoIDH “representa un fallo histórico sin precedente contra los tres poderes de la Unión”. La decisión de la Corte, dijo, “incluye legislar para derogar el arraigo y delimitar la prisión preventiva”.