Ciudad de México. Al presentar de manera oficial la convocatoria para que sobrevivientes y testigos de violaciones graves a derechos humanos durante el periodo conocido como la guerra sucia puedan dar su testimonio, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad de este caso llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a que trabaje “más y mejor” con esta comisión y con la Secretaría de Gobernación, ya que el diálogo “ha sido muy difícil”.

Carlos Pérez Ricart, integrante del citado mecanismo, expuso que mientras hace un año la FGR tenía 13 ministerios púbicos trabajando sobre el tema de la guerra sucia, actualmente sólo tiene dos. “Hoy tiene menos recursos depositados para temas de justicia” en esta materia, aseveró.

En este sentido, subrayó que es necesario que la fiscalía trabaje de manera más coordinada con la Comisión para la Verdad y con Gobernación “en torno a la búsqueda de la verdad y de justicia que necesitan y ameritan las víctimas”.

En conferencia de prensa, aunque los integrantes del mecanismo reconocieron que aún no pueden hablar de un universo total de víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, refirieron que por lo menos la desaparición forzada de personas “está alrededor de los mil”. Ello “significa que hay por lo menos tres o cuatro veces más personas que sufrieron esto, los familiares directos”, dijo Eugenia Allier.

A su vez, David Fernández Dávalos indicó que a los casos de desaparición forzada se suman alrededor de 800 asesinatos de personas relacionadas con el extinto Frente Democrático Nacional (FDN), antecedente inmediato del Partido de la Revolución Democrática.

Asimismo, ahondó, “hemos empezado a documentar algunas matanzas que no estaban, por ejemplo masacres en la sierra norte de Puebla o en Hidalgo, cada una con alrededor de 300 personas asesinadas”.

Respecto a la convocatoria, Pérez Ricart expuso que en este proceso pueden participar todas aquellas personas sobrevivientes y familiares de víctimas o testigos de actos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, masacres, torturas, desplazamiento forzado interno, detenciones arbitrarias, prisión por motivos políticos, exilio, violaciones contra niñas, niños y adolescentes, violencia y tortura sexual, violencia reproductiva y ocupación militar de territorios.

Señaló que entre las víctimas de estos hechos violentos perpetrados por el Estado mexicano también están personas asociadas a la disidencia sexogenérica o de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero (Lgbt+), trabajadores sexuales y mujeres que abortaron o quienes realizaban estas prácticas.

El investigador mencionó que esta convocatoria igualmente está abierta a personas que en el ejercicio de sus funciones supieron o atestiguaron hechos violatorios, lo que incluye a perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el Ejército “y que pueda dar pistas”.

Al respecto de la participación de perpetradores, explicó que ya han tenido diálogo informal con algunos de ellos. “Todas las lecciones que tenemos de comisiones de la verdad en América Latina y fuera de esta región nos hacen ver que los perpetradores y sus testimonios pueden ser clave para encontrar personas y procesos de reparación y esclarecimiento, así como entender bien la cadena de mando que permitía o habilitaba la desaparición de personas o la tortura”, mencionó.

Aclaró que dado que el mecanismo no tiene “fe pública y no actúa como fiscales”, eso les habilita tener este tipo de conversaciones. No obstante, señaló que su trabajo “sí puede servir para que después haya un proceso de justicia”.

Por su parte, Fernández Dávalos explicó que una hipótesis que están buscando demostrar es que durante los años 50, 60 y 70 principalmente, los organismos de seguridad del Estado hacían tres cosas: ofrecer seguridad política al Estado, es decir, castigar y aniquilar a organizaciones disidentes político-partidarias y político-militares; administrar el crimen y legitimar disciplinando a las disidencias de la índole que fuera, sexogenérica o la diversidad étnico racial o los delincuentes comunes.

“Esas tres cosas son las que dan origen a la actual estructura de seguridad que tenemos… Estamos investigando un pasado que explica nuestro presente y que está vinculado estrechamente con lo que ocurre. Nuestra esperanza es que esto que está ocurriendo en el país pueda ser descifrado en sus orígenes y entonces tengamos oportunidad de irlo desmontando una vez que lo conozcamos”, expuso.

Los tres comisionados puntualizaron que en la toma de testimonios garantizarán que sea profesional y salvaguardando la identidad de la víctima, incluso algunos podrán ser anónimos, y para llegar a la mayor cantidad posible, que esperan sean por lo menos 3 mil, acudirán a diferentes estados. “El objetivo es que ninguna persona que quiera dar a conocer su testimonio en este país se quede sin hacerlo”, subrayaron.