Ciudad de México. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que Rodolfo Padilla Pérez, quien se ostenta como líder del asentamiento irregular en el predio La Angostura y, al mismo tiempo, tiene un puesto de juez cívico en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina, deberá elegir si es servidor público o líder social.

Por tal motivo, dijo en conferencia de prensa, dio instrucciones a la dependencia, especialmente a la Dirección Ejecutiva de Juzgados Cívicos, revisar el caso y hablar con esa persona, quien se opone a la regularización de 590 viviendas asentadas en esa área natural protegida.

“Tiene que escoger; hay muchos líderes sociales que después son servidores públicos, pero en este caso tiene que escoger si es juez cívico o desarrolla su actividad social, porque, además, el juez cívico tiene una serie de responsabilidades” que no se pueden desatender.

La titular del Ejecutivo local criticó que haya liderazgos sociales que se convierten en extorsionadores de sus comunidades para mantener el control de las mismas y hacer negocios, algo que, dijo, es común en los asentamientos irregulares.

Los enfrentó en Tlalpan

Al señalar que la Secretaría de Gobierno de la ciudad continúa trabajando en la regularización de las viviendas que fueron instaladas en tres hectáreas de La Angostura hace más de 20 años, recordó que ella tuvo que lidiar con una situación similar cuando fue jefa delegacional de Tlalpan, con líderes de asentamientos irregulares que cobraban a sus representados para que pudieran tener acceso a la energía eléctrica, con el propósito de mantener el control de la zona. “Lo que sí puede caracterizarse como extorsión, un abuso total”.

Por ello, explicó, se trabajó de manera individual con cada una de las familias para que la atención del gobierno fuera directa y dentro del marco de la ley, y evitar el control de un liderazgo a partir del uso de la extorsión, de la fuerza y amenazas de que los van a sacar del predio.

“Una parte es penal y tiene que denunciarse, y otra parte es el trabajo que tiene que hacer el gobierno para poder permitir que la gente tenga libertad; no pueden ser estos esquemas retrógrados”, expresó Sheinbaum.

Además, utilizan a las personas de manera clientelar o para hacer negocios, como fue el caso, en su momento, de organizaciones sociales promotoras de vivienda, y que después “se volvieron entes comerciales”, por lo que el Instituto de Vivienda realiza un trabajo para atender directamente a los solicitantes.

“Las organizaciones sociales son muy buenas cuando luchan por los derechos de la gente y permiten la libertad de quien se asocia. El problema es cuando se vuelve algo no sólo clientelar, sino también de abuso. Y eso no podemos permitirlo”, enfatizó.